México ¿Cómo vamos?
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El combate frontal a la corrupción es la principal medida que se tiene que tomar para recuperar la confianza del ciudadano en la presente Administración
 
28 de Abril del 2015
  • Expertos consideran imprescindible fortalecer la legislación anticorrupción y tener acciones concretas que demuestren al ciudadano la capacidad y honestidad de las autoridades en todos los niveles de gobierno.

Los expertos del observatorio económico México ¿cómo vamos? consideran que las principales acciones que debe tomar la actual Administración para recobrar la confianza del ciudadano son: (1) fortalecer la legislación anticorrupción, (2) promover la eficiencia y transparencia en el presupuesto y (3) proteger los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Viridiana Ríos, directora general de México, ¿cómo vamos?, recordó que hace unos días, diversos organismos, entre ellos el Observatorio Económico solicitaron la urgente aprobación e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los congresos locales y urgieron a las autoridades estatales su pronta implementación. Para lo cual presentaron el “anticorruptómetro”, herramienta que permitirá mostrar a los ciudadanos los días, horas, minutos y segundos que los estados tardan en aprobar y ejecutar el SNA. “Al día de hoy son ya 6 estados los que ya lo han aprobado y confiamos en que las demás entidades sigan este ejemplo y se unan por un México sin corrupción”, acotó. Así las cosas, en su pregunta quincenal el observatorio económico México ¿cómo vamos? consultó a los expertos en economía y política pública que lo conforman, sobre las tres principales medidas que recomendarían a la presente Administración para recobrar la confianza de los ciudadanos; doce expertos respondieron y sus opiniones se centraron en cuatro principales medidas. Primero, combatir la corrupción fortaleciendo la legislación anticorrupción. A este respecto, se pronuncian César Octavio Vargas Téllez y Jorge Basave, de la UNAM, Juan Ignacio Gil - Antón de GNP, Manuel Molano del IMCO e Isaac Katz del ITAM; quienes se manifiestan a favor de impulsar el combate a la corrupción. Destaca la opinión de Jorge Basave que afirma que la ley anticorrupción debe de estar dirigida a “cubrir aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos” pues opina que “ahí es donde se incuba la cultura de corrupción del país”. De igual manera, Onésimo Flores de Harvard, habla sobre “demostrar contundentemente que las contrataciones gubernamentales están protegidas de conflicto de interés”. Sobre esta misma línea se pronuncia Arturo Damm Arnal de la Universidad Panamericana, quien indica que, se debe de “castigar, de manera fulminante, cualquier acto de corrupción o peculado, de cualquier funcionario público”. De esta manera, Gil – Antón, reitera que para devolver la confianza a los ciudadanos, es necesario “resolver con toda transparencia y agilidad los casos de conflicto de interés que están en la opinión pública.” Por su parte, Jorge Suárez Vélez, Socio Fundador de SP Family Office, invita a nombrar un fiscal especial independiente, empoderado para investigar las propiedades del presidente y su gabinete, así como de contratistas privados y constructoras en todos los niveles de gobierno. Segundo, promover la eficiencia y transparencia en el presupuesto. En este sentido, los expertos Jonathan Heath, analista y conferencista sobre la economía mexicana y Arturo Damm coinciden en la presentación de un Presupuesto Base Cero. En este sentido, destaca la opinión de este último, que invita a armar un Presupuesto Base Cero que “elimine todos los excesos y defectos del gasto gubernamental”. Sobre esta línea, también se pronuncia César Octavio Vargas Téllez quien indica que es necesario reducir el gasto corriente que no sea de personal. Asimismo, Isaac Katz, opina acerca de la importancia de que exista “total transparencia en el ejercicio del presupuesto”. Tercero, proteger los derechos humanos y de los ciudadanos. En este sentido, los expertos opinan sobre la importancia de hacer valer el Estado de Derecho. Es así como Manuel Molano, se pronuncia a favor de “concentrarse en proteger los derechos fundamentales de las personas”. En esa línea, Gerardo de la Peña, dice que se deben “analizar las principales quejas ciudadanas y tomar acciones inmediatas para corregirlas”, ubicando al ciudadano en el centro de las acciones de gobierno. Por otro lado, Jorge Basave, dice que la administración actual debe de “mejorar de fondo sus formas de comunicación hacia la sociedad”. En el mismo sentido, Roberto Newell García, del IMCO comenta que se debe de “actuar en forma consistente con los pronunciamientos oficiales, especialmente en lo que respecta a la conducta ética de funcionarios públicos.”

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