Publicado en Animal Político.

En los últimos 10 meses, los primeros de la actual administración, se ha vuelto algo común que algunas organizaciones internacionales, bancos y agencias calificadoras recorten las expectativas de crecimiento para México. Sólo durante la semana pasada, la OCDE y el banco de inversión Barclays recortaron sus pronósticos de crecimiento económico para el país en 2019, a 0.5 % y 0.2 %, respectivamente. Ambas organizaciones hicieron énfasis en la debilidad de la inversión como una de las principales razones para el bajo crecimiento económico en el país.

Parte de la debilidad en la inversión se debe a la situación económica global; como lo mencionó la OCDE en su Panorama Económico de septiembre, el escalamiento en los conflictos comerciales a nivel internacional ha perjudicado la confianza y la inversión en la economía global. Sin embargo, ante un entorno económico internacional adverso, las acciones del gobierno mexicano no sólo no están haciendo lo suficiente para proteger la inversión en México, sino que han ido deteriorando el ambiente económico del país y la confianza que los empresarios y potenciales inversores tienen en nuestra economía.

Últimamente, cuando un organismo anuncia un recorte a la estimación de crecimiento de México, con frecuencia menciona la incertidumbre económica y política en el país y la falta de coherencia en las políticas públicas. Esta situación se refleja claramente en el conflicto reciente entre la CFE y las empresas privadas operadoras de gasoductos, el cual generó inquietud en los mercados al poner en duda el cumplimiento de contratos del gobierno con el sector privado. Aunque el conflicto se solucionó a finales del mes pasado, el episodio planteó la posibilidad de que, en el futuro, el gobierno decida no respetar otros contratos existentes.

Los efectos sobre la inversión son cada vez más evidentes: con los últimos datos, a junio de este año, la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo productivo y en construcción, ha acumulado 5 meses consecutivos con caídas anuales; la caída más reciente, de 7.4 % anual, fue la más pronunciada en el indicador desde finales de 2009, cuando la economía global se enfrentaba a una crisis financiera.

Además, de acuerdo con los resultados de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios en el segundo trimestre del año, la inversión decreció 5.2 % anual en el último periodo; la caída anual observada fue la más pronunciada desde finales de 2013, y la tercera disminución consecutiva. Debido a esta situación, la inversión en el segundo trimestre fue equivalente a 20.5 % del PIB, el nivel más bajo de inversión como proporción del PIB desde el segundo trimestre de 2014. En específico, la inversión pública registró su nivel más bajo como proporción del PIB desde el primer trimestre de 2001: 2.5 %.

Considerando la importancia de proyectos de inversión pública en el discurso del presidente, particularmente proyectos como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, podría pensarse que esta administración tendría como prioridad la inversión pública. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el gobierno estima que el gasto en inversión pública como proporción del PIB se reduzca, de 2.7 % en 2019 a 2.6 % en 2020. El problema no es sólo esta reducción en la inversión pública, sino la eficiencia de la inversión planeada. Los proyectos mencionados, Dos Bocas y el Tren Maya, son los más importantes para la administración, pero carecen de estudios que comprueben su productividad y demuestren que su impacto será benéfico para la sociedad. La inversión pública no sólo se está recortando, sino que se carece de una estrategia para dirigirla de manera eficiente y productiva.

Sin embargo, aun cuando la inversión pública estuviera aumentando y siendo destinada a proyectos de alto rendimiento, queda pendiente la inversión privada. Actualmente, la inversión privada representa 88 % del total; sin ella, es imposible brindar el impulso necesario para llevar a la economía mexicana a una trayectoria de crecimiento alto y sostenido. La inversión pública genera empleos y fomenta el crecimiento, sí, pero su función principal es proveer infraestructura y servicios necesarios para que la actividad económica sea más dinámica y las personas mejoren su nivel de vida. La otra parte indispensable de la ecuación es la inversión privada, que inyecta capital nacional y extranjero en la economía, detonando una mayor generación de empleo, así como aumentos en productividad, innovación y, al final, crecimiento económico que se traduce en mayor bienestar para los mexicanos.

El presidente asegura que su preocupación es el bienestar de la población, no el crecimiento económico. Ambos conceptos están relacionados. Aunque el crecimiento económico no es suficiente para mejorar el nivel de vida de la población, sí es una condición necesaria para lograrlo. Sin impulsar la inversión, tanto pública como privada, es poco realista pensar que el crecimiento económico en el futuro cercano será mayor al que se observa actualmente, y que el bienestar de los mexicanos aumentará significativamente.