Publicado en Animal Político.

El fin de semana se aprobó la Ley de Ingresos 2021, la fuente de ingresos del gobierno federal para el próximo año, que será uno complejo porque habrá crisis y no habrá mucho margen de maniobra para la reasignación de recursos. 

En este contexto, la Ley de ingresos 2021, aprobada por el Congreso de la Unión en línea con la Iniciativa entregada por el Ejecutivo, estima que el 17% de los ingresos de la Federación provendrán de los ingresos petroleros. Si bien el análisis de esta estimación es tradicionalmente relevante para la solidez de las finanzas públicas, en la coyuntura actual de  pandemia ocasionada por el COVID-19  y crisis económica  es de suma importancia su estudio para poder determinar la factibilidad de contar con estos recursos.

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2021 contienen las premisas y supuestos para la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021. Durante la aprobación de LIF 2021 en ambas cámaras legislativas faltó análisis de los ingresos petroleros. La estimación de estos incorpora supuestos con distintos factores de incertidumbre, como son el precio del petróleo, el tipo de cambio y la plataforma de producción de crudo.

Incertidumbre económica y de los precios

La situación creada por el COVID-19 no tiene precedentes en el contexto de integración económica  actual. El impacto disruptivo en las cadenas globales de valor y el choque a la demanda producto de los confinamientos ha provocado este año diversos episodios de volatilidad asociados a esta enfermedad y que probablemente continuarán hasta que se comercialice una vacuna. En este contexto, es prudente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contar con coberturas petroleras por posibles  reducciones en el precio del petróleo. De acuerdo con el apartado de riesgos fiscales de los CGPE 2021, los ingresos petroleros se encuentran cubiertos al 100% con el precio aprobado de 42.1 dólares por barril.

Evolución de la plataforma petrolera mexicana

La siguiente variable por considerar es la plataforma de producción de crudo. Los CGPE 2021, en el anexo IV.5 Marco Macroeconómico (estimado) 2020 – 2021, presentan una plataforma de producción de crudo total de 1,857 miles de barriles diarios (mbd), estimación mayor en 113 mbd a la plataforma estimada para el cierre de 2020 – de 1,744 mbd – y mayor en 183 mbd al promedio de producción total enero – septiembre 2020, con información del  Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH). A diferencia de la incertidumbre asociada a los precios del petróleo, la estimación de la plataforma de producción debería responder a factores internos como la evolución de la extracción de crudo,  la  inversión destinada a  perforación de pozos en el corto plazo y la inversión en investigación y desarrollo de yacimientos petroleros en el largo plazo.

En entrevista con El Financiero Bloomberg, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, al ser cuestionado sobre la viabilidad del tamaño de la plataforma petrolera, precisó que “la plataforma petrolera de México está conformada por la producción de Pemex más la producción de los privados, y hasta hace dos años la producción de los privados era tan pequeñita que ni siquiera pintaba. El año que entra todo el sector privado va a estar produciendo 60 mil barriles por día, así es que, digamos, el incremento más importante que se ve en la plataforma no es el que viene de Pemex, sino el que viene del sector privado”. (Herrera octubre 2020, El Financiero Bloomberg). Esta declaración obliga a sumar un nuevo factor de incertidumbre: el estado de derecho sobre los contratos del sector energético.

Estado de Derecho en el Sector Energético

Al comparar la trayectoria decreciente de la producción total nacional (Gráfica 1) y la trayectoria al alza de los contratos (Gráfica 2) producto de la Reforma Energética, e incorporando la aseveración del Secretario de Hacienda, es indispensable para el desarrollo sustentable del sector que el gobierno brinde la certeza jurídica necesaria para que los distintos participantes del mercado de hidrocarburos continúen invirtiendo en México. Como lo señala Valeria Moy en su columna ¿Negocios Públicos?: “Es el interés público el que hay que defender” (Moy octubre 2020, El Universal).

En este sentido, los congresistas norteamericanos enviaron una carta bipartidista al presidente Donald Trump para que encuentre una resolución con el gobierno mexicano sobre las condiciones actuales que tiene el marco regulatorio en materia de energía. La carta alerta sobre posibles comportamientos futuros en contra de la certeza jurídica por parte de México en el marco del T-MEC que entró en vigor el pasado primero de julio. Sin duda, el estado de derecho será un factor determinante para la relación comercial con nuestros principales socios.

En conclusión, el Paquete Económico 2021 tiene el gran reto de proponer e implementar la recuperación económica para los mexicanos, por lo que es indispensable considerar no sólo las posibles sobreestimaciones de ingresos -que, de no alcanzarse, implicarán el sacrificio de programas sociales, de proyectos de infraestructura o la necesidad de recurrir a mayor endeudamiento- sino también la urgencia de fortalecer la certeza jurídica para propiciar inversión y desarrollo en México.