En el blog de México, ¿Cómo Vamos? en Animal Político.
Mejor, mínimo, un salario
Por: Manuel J. Molano (@mjmolano)
Todos los mexicanos debemos desear que las familias de nuestro país tengan un ingreso que alcance para vivir dignamente. Este objetivo no es solamente correcto desde un punto de vista ético. Si las familias tienen mayor ingreso, pueden ahorrar y consumir más, y eso facilita que la economía crezca. En el declive de la masa salarial de México (ver gráfico de México, ¿Cómo vamos? aquí) está buena parte de la explicación de por qué la economía interna no es un motor para el crecimiento en nuestro país.
En IMCO calculamos usando los microdatos de ENOE del INEGI correspondientes al tercer trimestre de 2016, hay 644.4 miles de trabajadores formales que ganan un salario mínimo. Subir el salario, por mandato de autoridad, a este grupo de población que representa un poco más del 1% de la PEA no debería tener enormes efectos de corto plazo, ni en los precios, la inflación o la tasa de participación laboral, menos la de desempleo. Una espiral de precios-salarios se desataría en un entorno inflacionario, con políticas fiscales y monetarias simultáneamente irresponsables.
El incremento en los costos laborales de toda la economía ocurriría si todos los contratos laborales se negociaran con base en el nivel del salario mínimo. Si un porcentaje alto de la PEA negocia sus salarios colectivamente, a través de un sindicato, podríamos esperar que el incremento decretado por la CONASAMI fuera generalizado. No hay estadística muy reciente, pero con datos de la OIT correspondientes al año 2013 podemos ver que la tasa de densidad de sindicalización en la economía mexicana es de 13.6%. El promedio de los países presentados por la OIT es 23%, y el máximo es 80.6%.
El incremento del salario mínimo decretado a finales de 2016 es, en realidad, poco relevante. Sin embargo, es una victoria política para sus proponentes, porque representa un cambio de paradigma. La política mexicana en términos del salario mínimo ha sido mantener ese precio oficial en niveles extremadamente bajos. La idea atrás de este tipo de política es que cada tipo de trabajo encuentre su nivel salarial mediante un mecanismo de mercado. La izquierda mexicana ha criticado estas políticas, calificándolas de insensibles, inconstitucionales (un salario mínimo no puede lograr el “salario remunerador” al que se refiere la Constitución), contrarias a la tendencia internacional (ver el artículo de José Merino en Animal Político, donde muestra que el salario mínimo mexicano es el más alejado del ingreso per cápita nacional). Hay un movimiento fuerte y con amplio respaldo social para tener salarios mínimos más altos.
Como economista, no puedo estar de acuerdo. Presentaré aquí algunos de mis argumentos, y más que concluir contundentemente sobre el asunto, quisiera dejar algunos puntos sobre los cuales tenemos que investigar más los interesados en la materia.
El mercado laboral es un mercado que funciona de manera imperfecta. Ello implica que para la mayoría de las ocupaciones, el salario de mercado se parece a la productividad del trabajador en el margen. IMCO ha acumulado mucha evidencia al respecto para los profesionales, y para la gente que estudió la educación básica. A través de nuestro portal Compara Carreras, la gente puede comparar el salario que puede obtenerse a partir de distintas actividades profesionales. Hay un premio salarial a partir del avance educativo de las personas. Ver la gráfica usando la ENOE 2016-I.
Ello implica que la productividad de las personas sí influye en su salario. Los proponentes de un salario mínimo mucho más alto para México han argumentado que el vínculo salario-productividad se extravió. Yo no lo veo tan perdido, pero bueno. Seguramente ya alguien me refutará.
La productividad marginal del trabajo también tiene un componente de capital, sobre todo si el trabajo y el capital son complementos, no sustitutos, en la función producción. En el caso del mexicano más pobre, que trabaja en el sector informal, el componente de capital de la función producción es cero. Por eso, la productividad de este tipo de trabajador no ha subido siguiendo la acumulación de capital (físico o humano) de los deciles de ingreso superiores en la economía mexicana. A quien le interesan estas cosas, puede consultar las matemáticas del asunto aquí.
Es decir: Juan y Pedro pueden tener desenlaces de productividad muy distintos por dotaciones diferentes de capital humano, capital físico, por estar en un entorno que en general favorece una mayor productividad de los factores de la producción, o por problemas de información. Los proponentes del salario mínimo tienden a creer que el problema de información (no están cobrando correctamente por su trabajo, hay un monopsonio del factor trabajo, o un patrón que aprovecha un asimetría de información) son los únicos problemas del mercado laboral y que la única manera de resolverlos es imponer un salario mínimo. La hipótesis de monopsonio para todos los casos podemos ir descartándola porque eso implicaría que hay un arbitraje infinito, y ganancias extranormales sin fin, para las empresas y sus accionistas. No solamente no hay evidencia de que esto ocurra: mantener este desequilibrio permanentemente es imposible.
Mi hipótesis es que hay mucho que resolver en temas de capital humano, capital físico y productividad total de los factores, y que la distorsión impuesta por un salario mínimo alto puede tener efectos graves de largo plazo.
Consideremos el origen de las políticas de salario mínimo. Starr (1981) dice que hay precedentes de salario mínimo en el Código de Hamurabi, pero que el salario mínimo nace en Australia y Nueva Zelanda a inicios del S. XX. Thomas Leonard, en su libro Illiberal Reformers señala que en los Estados Unidos, la política de salario mínimo fue impuesta por proponentes de la eugenesia y las teorías de la desigualdad racial. Un chino, que vivía solamente de arroz en viviendas muy pobres, no podría posiblemente ganar lo mismo que un estadounidense blanco, que estaba manteniendo a su familia a partir de los salarios. Dado que la gente con discapacidades podría trabajar por menos dinero, Leonard dice que el salario mínimo fue propuesto como un mecanismo para no permitir que inmigrantes y personas con discapacidades pudieran cobrar menos por el trabajo.
Los proponentes de un salario mínimo alto dicen que es importante como una señal, para mejorar los ingresos laborales. Los ingresos laborales han mejorado en el mundo avanzado, pero creo que ese avance es atribuible a la productividad y a la acumulación de capital, no al salario mínimo. Una prueba de causalidad nos podría sacar de dudas. Ojalá Merino, con esa gran capacidad para la estadística que tiene, pudiera correr una prueba de Granger que mostrara el efecto del salario mínimo en los ingresos laborales promedio, la masa laboral, la acumulación de capital, y el crecimiento económico en los países avanzados. Hasta el momento, nadie ha producido ese tipo de evidencia.
Más aún, creo que deberíamos investigar otras hipótesis. El salario mínimo en realidad prohíbe el trabajo asalariado en el segmento más bajo de la curva de oferta laboral. Bajo un salario mínimo suficientemente alto, ciertos trabajos solamente pueden ocurrir en el sector informal o en el ámbito familiar. En el sector informal con un patrón que no es de tu familia, simplemente se violan la ley del salario mínimo, la de afiliación a la seguridad social y las de impuestos laborales. En el caso del trabajo en el ámbito familiar, no hay necesidad de violar ninguna ley, porque en ese tipo de trabajo el patrón no está obligado a nada, ni siquiera al pago de un salario.
En la medida en que los señores Mancera, Chertorivsky, Esquivel, Merino y otros proponentes de salarios mínimos más altos tengan éxito, le vamos a negar la oportunidad a la gente más pobre, menos estudiada, con menos capital que se desempeña solamente en trabajos familiares de salir del ámbito de la familia y vender su trabajo en el mercado. Por eso, las tasas de desempleo no reaccionan a este precio: esa gente está empleada, pero con el peor empleador posible, que es un pariente explotador. A ese trabajador que está atrapado en el ámbito familiar el salario mínimo no le está ayudando en nada. A esa trabajadora en el ámbito familiar, que es más una esclava que una trabajadora, mínimo deberían darle un salario, no un salario mínimo. La tasa de participación laboral, que es distinta a la de desempleo, sufre, porque acaba habiendo más trabajadores descorazonados. Las políticas de salario mínimo acaban perjudicando a la gente a la que intentan beneficiar. No solamente la sociedad castiga a los más pobres marginándolos del sector educativo y de las oportunidades de participar en empresas y sectores de alto valor agregado: también hace su trabajo artificialmente caro.
Vale la pena pensar en el efecto que las políticas de salario mínimo han tenido en los países avanzados. La silenciosa automatización y digitalización de las economías avanzadas podrían ser atribuibles a que hemos prohibido a los individuos más pobres del planeta participar en esos mercados laborales, ya sea por la vía de las restricciones a la migración, políticas de salario mínimo, o gravámenes al trabajo asalariado. En teoría solamente, si el trabajo y otros factores de producción (capital físico o capital digital) son sustitutos imperfectos, existe una tecnología intensiva en uso de trabajadores que es igualmente eficiente que otra tecnología intensiva en capital físico o en capital digital. Simplemente el incentivo en los últimos 100 años ha ido hacia desarrollar algoritmos que sustituyan a las personas en lugar de desarrollar a las personas. A lo mejor cosas como el fenómeno Trump tienen mucho más que ver con nuestras intervenciones cortoplacistas en los mercados laborales, donde los patrones se levantan de la mesa aceptando negociaciones laborales onerosas, con la idea de trabajar en el largo plazo en mecanismos de automatización para salirse eventualmente de sus contratos laborales.
En IMCO hicimos un modelo de equilibrio general para explicar estos fenómenos. En él, el trabajo informal en realidad es trabajo familiar, que es el paraíso fiscal de los mercados laborales. En el trabajo familiar los patrones no están obligados a absolutamente nada. La ley los protege. Tenemos que pensar en la prevalencia de este tipo de trabajo en México (2/3 partes de la PEA), en las tecnologías antiguas que predominan en el trabajo familiar, y en la baja productividad de ese tipo de negocios. Según Santiago Levy, un negocio informal en los servicios es cientos de veces menos productivo que la empresa promedio en México. Si seguimos gravando el trabajo asalariado formal a través de un ISR a asalariados que no admite deducciones, estamos generando incentivos enormes a que el trabajo no se formalice. El impuesto estatal a la nómina abona a esta distorsión. En el modelo de IMCO, mostramos que esos impuestos absurdos al trabajo son incompatibles con un equilibrio de trabajo formal. Tendríamos que subsidiar el trabajo asalariado si esperamos que el trabajo en la economía sea formal. Así nació el famoso “crédito al salario”, que también ya se quedó corto, igual que el salario mínimo.
En conclusión, deberíamos tener una discusión amplia, seria, que considere varios tipos de intervención en los mercados laborales, para llevar más ingresos a las familias más pobres del país, e incentivar su ahorro y consumo. La discusión no debe estar centrada únicamente en el control del precio del trabajo en cierto segmento del mercado. Los dogmas de ambos lados de la discusión deben eliminarse, y aceptarse este objetivo común. Nuestras políticas públicas deben centrarse en mejorar la productividad de las familias y empresas, no gravar el trabajo asalariado de los más pobres, mejorar la dotación de capital físico y humano de la gente, especialmente los más pobres, mejorar la información de productividad y salarios, y en general, considerar los efectos de largo plazo que pueden tener malas intervenciones al mercado laboral.
* Manuel Molano estudió la Licenciatura en Economía en el ITAM y la Maestría en Imperial College. Actualmente, es el director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y miembro del panel de expertos de México, ¿Cómo Vamos? El autor agradece a Luis Mauricio Torres e Ivania Mazari por su apoyo con los cálculos para el presente artículo.