Por: Alejandra Palacios Prieto

La competencia económica juega un papel fundamental para erradicar privilegios concentrados en pocas manos, para ampliar las oportunidades que ofrecen los mercados y para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Entramos a una fase de definición. De aquí al primero de julio, los ciudadanos reflexionaremos y votaremos por la opción política con la cual construiremos país durante los próximos seis años. Entre otras prioridades, los mexicanos queremos una economía más sólida y con beneficios mejor distribuidos. En la ruta hacia el cumplimiento de esta exigencia social, la competencia económica juega un papel fundamental para erradicar privilegios concentrados en pocas manos, para ampliar las oportunidades que ofrecen los mercados y para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

El valor de la competencia lo dejan ver, con sus tonos y matices, cada una de las plataformas electorales presentadas por los principales partidos políticos nacionales. Las mismas contienen propuestas que van en el sentido del documento “Competencia Económica, Plataforma para el Crecimiento 2018-2024” elaborado por la COFECE, para apuntalar durante los próximos seis años una transición profunda hacia mercados competidos. A continuación, se señalan algunas de ellas y su coincidencia con las propuestas de las coaliciones que están compitiendo en las elecciones:

Respecto a la coalición “Por México al Frente”, destaca la propuesta de inhabilitar la participación en procesos de compras y obras públicas a empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción. Estos actos indebidos pueden producirse por la acción directa de funcionarios públicos implicados en sobornos, pero también gestarse por la coordinación ilegal entre competidores para vender con sobreprecios en las licitaciones o repartirse el mercado. Estas últimas conductas están definidas como prácticas monopólicas absolutas en la Ley Federal de Competencia Económica, son las que persigue la COFECE y son una forma de corrupción. Sea cual fuere la vía, las prácticas mencionadas son extraordinariamente dañinas porque cuantiosos recursos públicos, destinados originalmente para atender necesidades sociales, terminan en los bolsillos de unos cuantos agentes económicos privados. En este sentido, el robo al erario público a través de las contrataciones públicas deben sancionarse severamente.

Una segunda propuesta que vale la pena resaltar es la de “Todos por México”, la cual busca conseguir una mejora regulatoria y simplificación de trámites para apoyar a los pequeños negocios y la libre concurrencia, de forma que los mexicanos tengan acceso a una gama más amplia de bienes a los mejores precios posibles. La COFECE ha sido enfática en señalar la existencia de regulaciones federales y locales que imponen ventajas indebidas a favor de ciertos grupos económicos en detrimento del interés público, al establecer barreras que impiden la entrada al mercado de nuevos competidores, o dan ventaja a los comercios ya establecidos.

La respuesta a por qué algunos mercados en México están tan concentrados o tienen estructuras poco competitivas, cabe en alguna de las siguientes tres hipótesis: 1) nunca hubo regulación; 2) sí hubo regulación, pero era inadecuada o 3) la regulación existe y es de calidad, pero no se aplica (o se aplica selectivamente). Por eso, en el documento en comento, la Comisión propone al próximo titular del Ejecutivo Federal emitir un decreto para identificar y eliminar las restricciones a la competencia creadas por la normativa administrativa federal en los sectores más relevantes de la economía, así como implementar un programa de incentivos presupuestales a las entidades federativas que logren construir marcos normativos procompetitivos (sector transporte, por ejemplo), y que fomenten la creación de infraestructura en mercados como gasolinas, gas natural, electricidad y telecomunicaciones.

Un último planteamiento que recupero, ahora de la coalición “Juntos Haremos Historia”, es el de fortalecer las atribuciones de la COFECE para mejorar al sector bancario. Al respecto, entre otras acciones, hemos resaltado la necesidad de reformar el Sistema de Pensiones hacia un modelo que minimice los costos de administración e incremente las alternativas de inversión, para que los usuarios disfruten de mayores rendimientos. Asimismo, comprometerse a evitar que la reglamentación secundaria que habrá de emitirse a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley Fintech sofoque a las entidades financieras interesadas en desarrollar estos nuevos modelos de negocio y que naturalmente competirán con los servicios bancarios tradicionales.

Las propuestas aquí comentadas, presentadas por las coaliciones “Por México al Frente”, “Todos por México” y “Juntos Haremos Historia”, son valiosos planteamientos técnicos en competencia económica, que además son neutrales desde el punto de vista de la ideología política. Por su utilidad pública, al margen de quien resulte ganador de las próximas elecciones, debieran formar parte de los criterios del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

* Alejandra Palacios es la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es economista por el ITAM y cuenta con una Maestría en Administración por el ITAM y una en el CIDE. Previo a su cargo actual en la COFECE, se desempeñó como Directora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), siendo responsable de los proyectos de investigación en temas de regulación económica, telecomunicaciones y contrataciones públicas. Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos.