Por: Carlos Hurtado y Juan Ignacio Gil (@JuanIgnacioGil1)
Publicado en Animal Político.
Uno de los lugares comunes en estos tiempos en nuestro país es que tenemos finanzas públicas sanas y que eso será sin duda un pilar muy importante para la recuperación de la economía, afirmación con la que muchas personas están de acuerdo, inclusive analistas económicos. De este concepto surge la decisión del gobierno federal de no contratar deuda adicional para mantenerlas así. Vale la pena analizar esta tan cacareada salud de las finanzas públicas y ver si realmente existe o estamos sólo mirando un indicador de los análisis sin entender la razón que lo explica.
Entre los economistas que le entienden bien al tema de finanzas públicas existe lo que llaman “La regla de oro”, que establece que el gasto corriente debe financiarse con ingresos corrientes y que la deuda debe ser contratada sólo para inversiones que tengan un impacto favorable en la economía y/o en la sociedad. Es decir, que generen rentabilidad económica o que a través de ellas se generen incrementos en la productividad de personas y empresas, a fin de que el repago de la deuda sea posible ya sea por la rentabilidad del mismo proyecto o por el crecimiento económico que genere y que a su vez resulte en mayor recaudación. Ejemplos hay muchos, uno podría ser una carretera, que puede no tener una rentabilidad directa importante pero que, sin duda, si se planeó adecuadamente, mejorará las condiciones para el transporte de mercancías y personas e incrementará de esta manera la productividad de la economía de las localidades que comunique.
Esta “Regla de oro” aplica para personas, familias y empresas. La deuda sirve para invertir en activos que generen los rendimientos para pagarla; endeudarse para el gasto corriente de manera frecuente llevará a las personas, familias o empresas a un problema de solvencia. Lo mismo pasa con los países.
Hagamos ahora un análisis de la salud de las finanzas públicas. Unas finanzas saludables deben tener fuentes “sanas y sustentables de ingresos”; si estas se debilitan se pone en riesgo la suficiencia de los ingresos para enfrentar los gastos y, si en materia de deuda se invierte en proyectos sin rentabilidad económica y/o social, tampoco habrá en el futuro recursos para enfrentar los pagos correspondientes1.
Por el lado de los ingresos entonces, en la información de la SHCP tenemos:
Petroleros
La información a julio de este año muestra una caída del 27% comparados contra el mismo período del año anterior. Los ingresos de PEMEX se incrementan en 14.4% y los del gobierno federal disminuyen 65.3%.
La expectativa para el 2021 no es muy halagüeña; la producción de petróleo no aumenta y no se perciben mejores precios dada la caída en la actividad económica interna y mundial. Este rubro lo calificaría como de alto riesgo para el 2021 y los años venideros.
No petroleros
En este período, enero – julio 2020, se ha dado una caída del 6.6%; los ingresos tributarios cayeron 6.7% y creo que caerán más en lo que resta del año.
El impuesto sobre la renta, que presenta un pequeño incremento del 0.8 %, se verá sin duda afectado por la caída de la economía y por la mala situación por la que pasarán empresas y personas. Si la caída del PIB se materializa en algo más que el 10% el efecto será muy importante en la recaudación de este impuesto.
El impuesto al valor agregado, que presenta una disminución del 19.5% a julio del presente, seguramente enfrentará un difícil segundo semestre y por ende un 2021, en el que la caída en el consumo hará que disminuya la recaudación. Entonces, podemos esperar una recaudación para el año entrante por debajo de la presupuestada para este 2020.
Impuesto especial sobre producción y servicios. A menos que exista alguna reforma, este rubro también se verá afectado por la caída en el consumo. A julio, si bien el relativo a gasolinas y diésel ha aumentado en 11.9%, el que proviene de los demás bienes gravados con él, ha disminuido en 21% con lo que el total cae en el período en 0.7%.
Los impuestos a la importación también disminuyen por las mismas razones, 13.7% de caída versus el 2019 y dada la lenta recuperación económica difícilmente se recuperarán en el 2021.
En conclusión, en materia de ingresos tributarios el panorama es poco alentador y deberá estimarse una menor recaudación por estos tributos, incluso puede ser menor a la que se tenga en el 2020. El indicador de salud de esta fuente de ingresos es también de alto riesgo.
En los ingresos no tributarios, la participación más importante la tienen los aprovechamientos, que en el período han crecido en un 14%, pero normalmente estos ingresos son de naturaleza transitoria o no permanentes. Mientras tanto, los derechos han disminuido en 33%.
Los menores ingresos de la CFE también contribuyen a disminuir las posibilidades de recaudación del gobierno; en este período son 19.4% inferiores a los del año anterior.
Con este difícil panorama podemos concluir que las fuentes de ingreso del gobierno para enfrentar las necesidades de gasto no son saludables y no se perciben esfuerzos importantes para mejorar su estado. Los recortes al gasto, si bien son deseables en el sentido que protegen la salud fiscal, deben hacerse con la lógica de hacer eficiente la gestión del gobierno, no sólo de gastar menos. Son enfoques muy distintos y con resultados que pueden ser diametralmente opuestos, e incluso tremendamente peligrosos. Ejemplo de ello es la descapitalización del sector público al disminuir posiciones y debilitar instituciones, así como las remuneraciones a los servidores públicos; no son buenas noticias, aunque en el corto plazo representen “ahorros” en el gasto público2.
Si a esto sumamos que la inversión pública no presenta evidencia de generar en el futuro ingresos adicionales por ninguna de las vías comentadas anteriormente, dada la aparente baja rentabilidad de los grandes proyectos del gobierno, llegamos a la conclusión de que tenemos debilidad en los ingresos e ineficiencia en el gasto. Basta revisar el análisis de los 17 programas que presenta la revista Nexos en su número de septiembre y que revela deficiencias en su diseño y gestión, y con ello en la posibilidad de evaluar robustamente el logro de sus objetivos.
Con esta revisión de las finanzas públicas es posible concluir que no tenemos finanzas públicas sanas, que más bien hay mucho por hacer para que las fuentes de ingreso sean más sólidas, pero también para evaluar y en su caso reorientar el gasto y la inversión para que sean eficientes y productivos; de otra manera, el futuro se ve muy complicado y terminaremos teniendo que recurrir a medidas emergentes para enfrentar las necesidades del país.
Necesitamos un gobierno que realice el gasto y la inversión necesarios para el crecimiento y el desarrollo del país y que para ello ingrese lo suficiente. Queremos terminar con muchos problemas que hemos generado a través del tiempo, disminuir la desigualdad, acabar con la pobreza y la marginación, pero es imposible hacerlo sin un gobierno con los recursos suficientes y con la voluntad y capacidad necesarias para utilizarlos eficientemente.