En el blog de México, ¿Cómo Vamos? en Animal Político. 

La trampa de la gestión pública

Por: José Luis de la Cruz Gallegos (@jldg71)

La austeridad no sustituye a la eficacia en el uso de los recursos y por el contrario puede propiciar la sobrevivencia de erogaciones improductivas a cambio de realizar modificaciones contables que, en apariencia, presenten un equilibrio en las finanzas públicas. La falta de una reforma de la administración pública le cobra una nueva factura al gobierno.

La implementación la reforma hacendaria ha proporcionado ingresos tributarios que han compensado la contracción de la parte petrolera. El gobierno también contó con recursos millonarios por la contratación de más deuda. Con ello ejecutó un gasto público sin precedentes, el problema es que no tuvo un impacto en el crecimiento económico y el desarrollo social del país.

Una causa es que el gasto de gobierno, en sus tres niveles, tiene un bajo valor agregado. De acuerdo al INEGI de solamente de 0.4 % en promedio anual para el periodo 2003 y 2004. Entre el 2007 y el 2012 fue de cero.

Transferir un peso del sector privado o de los recursos petroleros al gasto de gobierno es improductivo. Por eso la reforma hacendaria no tiene el éxito esperado: aumentó la recaudación tributaria pero no tuvo una correspondencia con un gasto que favoreciera el crecimiento económico.

El desequilibrio citado forma parte de la estructura del sector público. Desde la década de los años ochenta del siglo pasado México se ha visto envuelto en una serie de ajustes presupuestales que dañaron la capacidad del gobierno para influir positivamente en el desempeño productivo.

Al igual que otros países de América Latina se recortó la inversión pública y con ello se sacrificó el desarrollo de la infraestructura necesaria para competir en un mundo que en aquel entonces comenzaba un periodo de fuerte competencia económica y comercial.

Además, la contracción de la inversión pública se realizó en un momento en donde también se presentó un estancamiento de la privada, lo que evitó que México pudiera incorporarse a la carrera del progreso tecnológico industrial que hoy tiene a los países del Pacífico Asiático en el liderazgo de la innovación y el desarrollo en tanto que, en el mejor de los casos, ubica a Latinoamérica como un proveedor de commodities y bienes manufacturados de bajo valor agregado.

La aplicación de programas de austeridad fue bien calificada por el FMI y el Banco Mundial pero no se vio acompañada por una reforma de la administración pública, una falta que hoy cobra una elevada factura.

Para el caso de México, la globalización no llegó, con la profundidad requerida, al desempeño del sector público federal y mucho menos al de los gobiernos estatales y municipales. Durante las últimas cuatro décadas el sistema productivo nacional se ha visto sometido a la competencia con empresas de calidad global, pero la gestión de la administración pública no ajustó su operación a los estándares de los gobiernos líderes en el mundo.

A diferencia de países emergentes exitosos, como Singapur, la calidad de la gestión pública en México representa una de las mayores restricciones para el crecimiento económico, así se desprende del Indicador de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Por el contrario, los países desarrollados y emergentes exitosos cuentan con gobiernos altamente eficaces, orientados a resultados. La mayor parte de estos han definido sus objetivos claramente y de manera sistemática evalúan su avance. Normalmente tienen una estrecha comunicación y colaboración con su sector privado. Por eso su gasto público tiene una vinculación con sus necesidades productivas presentes y futuras.

En México las adecuaciones que se realizaron se centraron en la austeridad, primordialmente en el recorte a la inversión. El problema es que el criterio de ajuste ha sido alcanzar un equilibrio presupuestal, es decir, una igualdad entre los ingresos y los gastos para con ello reducir las necesidades de endeudamiento. Parte de la razón recae en la postura de las instituciones financieras internacionales y de las agencias calificadoras. Normalmente no se preocupan de la calidad del gasto, su principal interés es que el manejo de la deuda sea sustentable en función de la recaudación tributaria y del crecimiento económico. En resumen que se tenga capacidad de pagar la deuda y sus intereses, aún si no hay crecimiento.

En estos momentos México se prepara para enfrentar nuevos ajustes al gasto, la presión de las calificadoras internacionales se da en el sentido de que es necesario reducir la deuda. De igual forma la postura política interna presiona por mayor austeridad. En ambos casos se olvida que ese camino ya se recorrió y que no fue la solución.

Seguramente el presupuesto para el 2017 tendrá un aparente equilibrio contable de las finanzas públicas, pero seguirá pendiente la reforma a la gestión pública, uno de los lastres de los últimos 46 años y el cual limita el desarrollo de México.

* José Luis de la Cruz es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el IPN, Maestro en Economía por El Colegio de México y el Doctor en Administración por el ITESM. Fue profesor de los Departamentos de Economía y Mercadotecnia en el ITESM y del Departamento de Finanzas y Economía en la misma institución. Actualmente es Director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte del grupo de expertos de México, ¿Cómo Vamos?