Publicado en Animal Político.

Los gobiernos del mundo enfrentan el dilema de cómo manejar de la mejor forma una crisis económica y de salud pública que fácilmente puede convertirse en una crisis financiera. La capacidad de endeudamiento de las distintas economías es además muy variable y no hay forma de comparar, de un plumazo, las medidas de países como Alemania -que han destinado apoyos fiscales equivalentes a un tercio de su PIB al rescate de empresas y personas- con lo que se ha destinado en México -0.4% del PIB-.

A pesar del reclamo generalizado de que en México no se destina suficiente dinero al rescate y recuperación de empresas –en un país donde 94% de los negocios tienen menos de 10 empleados (Censos Económicos 2019, INEGI) y que realmente podrían beneficiarse de mayores apoyos en estos momentos de crisis- tomar medidas como la de apropiarse de dinero destinado a objetivos específicos parece ser una medida muy poco estratégica en términos económicos -no así en términos políticos, pues alimenta directamente el tan celebrado discurso de combate a la corrupción-.

Y es que quitarle el financiamiento por medio de los fideicomisos al desarrollo de proyectos de investigación científica, al fomento al cine nacional o a la atención a víctimas de violencia no parece ser una idea útil si con ello se desprotege la promoción de la cultura, el desarrollo urbanístico y metropolitano de proyectos sustentables en las ciudades, o se atenta contra la sobrevivencia misma de centros públicos de investigación y educación superior. Además, el monto agregado de todos los fideicomisos que desaparecen es apenas el equivalente al 1% del presupuesto federal contemplado para el año 2021 o el 0.3% del PIB; es decir, no va a resolver realmente ninguna necesidad trascendental en términos de los apoyos fiscales que pudieran hacerse para atender la crisis económica producto de El Gran Encierro.

Los fideicomisos permiten que los proyectos o programas plurianuales -como el mecanismo de protección a periodistas, el fondo para atender desastres naturales o el fondo para promover el acceso al crédito de las PyMEs en sectores prioritarios- operen sin estar sujetos a la negociación del presupuesto que cada año en noviembre ocurre para el ejercicio fiscal del siguiente año, garantizando la continuidad de esos programas y apoyos con independencia de las negociaciones políticas que se lleven a cabo en la cámara de diputados para el proceso de aprobación el presupuesto.

El argumento del gobierno y de los legisladores de su partido es que los fideicomisos y fondos especiales son poco transparentes -pues se registra su gasto ante la Tesorería cuando los recursos ingresan a las cuentas del fideicomiso y no cuando realmente se gasta- lo cual además maquilla ineficiencias pues por lo general hay dinero guardado en las cuentas del fideicomiso que no se aprovecha. Pero es esa capacidad de guardar los recursos para fines específicos -como los apoyos a alumnos que necesitan becas o apoyos para mantener un laboratorio de biotecnología o de medicina genómica o nuclear, que requiere el uso de refrigeradores industriales para resguardar las muestras del material orgánico durante años y no puede sujetar el pago de la electricidad en el laboratorio a la negociación política en la cámara de diputados- es justamente lo que hace tan útiles y convenientes a los fideicomisos en este y otros rubros.

La discusión pública no parece identificar con claridad quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de eliminar a los fideicomisos al parejo, sin detenerse a analizar cuáles de estos instrumentos son más eficientes en la consecución de sus objetivos o en el ejercicio de su gasto, y cuáles son fuente de ineficiencias o manejos inadecuados de recursos públicos. En la narrativa política, los ganadores parecen ser los mexicanos y los perdedores un grupo de hipotéticos corruptos, sobre los cuales no pesan investigaciones oficiales, al menos en el marco de esta reforma.

Pero en los hechos, es justamente al revés: primero que nadie, los perdedores son las y los mexicanos, y en segundo término los beneficiarios de dichos fondos y fideicomisos. ¿Los ganadores? Los ganadores son quienes con el poder de la mayoría asignan 68 mil millones de pesos para gastarse a discreción del gobierno en una única ocasión. Es como comerse a la gallina que con sus huevos de oro garantiza el financiamiento de ciertas actividades valiosas para la sociedad.

En este punto cobra relevancia el costo de oportunidad de los recursos contenidos en los fideicomisos: ¿cuántas camas en hospitales se pueden habilitar con 68 mil millones de pesos, cuántas quimioterapias o cuántos apoyos de 25 mil pesos por empresa puedes otorgar? Realmente no muchos, y por el contrario se pierden oportunidades valiosísimas de desarrollo científico, cultural, deportivo. Es decir, en el caso de la desaparición de los fideicomisos, lo que se descarta es la posibilidad de que una estudiante gane el premio Nobel de química en el futuro, encuentre una vacuna contra la siguiente enfermedad infecciosa o la cura contra alguna afección congénita. El valor de su aportación potencial a la sociedad es el costo de oportunidad de gastarse los recursos destinados a ciencia y tecnología. El costo de oportunidad no es el supuesto subejercicio de recursos por 30 mil millones de pesos anuales que según Hacienda no se ejercían por estar guardados en bolsas de dinero dedicadas. Es la posibilidad de un beneficio social mayor en el futuro.

Es por eso que los perdedores somos todos, porque estamos perdiendo la posibilidad del desarrollo tecnológico, científico y cultural, que a su vez traería beneficios para el desarrollo del país, y no sólo para los investigadores, artistas y científicos en los individual. Ellos seguirán recibiendo su cheque, según se ha comprometido el secretario de Hacienda, pero la posibilidad de que los fondos de investigación, becas, estímulos y financiamiento de proyectos socialmente útiles se interrumpan o sean insuficientes se incrementa con la inserción de estos recursos en la dinámica presupuestal -negociada, poco transparente y sobre todo alineada con los ciclos políticos, pero no con la eficiencia económica-.

También estamos arriesgando la viabilidad financiera de hacer frente a un desastre natural, pues no habrá un guardadito en ese caso, y con ello dejaremos desprotegidos a los más vulnerables, que son quienes viven en las costas y en las cuencas, o en las zonas de mayor sismicidad y no cuentan con seguros contra daños. Es decir, la desaparición de los 109 fideicomisos no sólo es costosa sino altamente regresiva. Con ella estaremos gastando todo, sin dejar nada para las actividades que son importantes y cuya tasa de retorno social es mucho más alta que la del presupuesto que administra Hacienda.

Total que la apropiación de recursos provenientes de los fideicomisos y fondos no resolverá el problema de la falta de apoyos ante la crisis por COVID-19, y sí dejará sin financiamiento a muchos proyectos culturales, sociales, científicos, deportivos y de protección de los derechos humanos que tenían una función muy específica: brindar un beneficio mayor que su propio costo.