Valeria Mendiola @ValeMendiola y Ana Bertha Gutiérrez @AnaBee92
Publicado en Animal Político
La generación de empleo formal fue uno de los indicadores económicos con mejor desempeño durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN). En los seis años de su gobierno se generaron 4 millones 162 mil 990 empleos formales; esta cifra fue superior en 3.5 veces a los generados durante el sexenio de Vicente Fox y en 1.8 veces a los generados con Felipe Calderón.
Sin embargo, hablar sobre el mercado laboral de México resulta complicado. Las cifras de empleo durante el sexenio de EPN cuentan sólo una parte de la historia, ya que dependiendo de la fuente oficial que se consulte, los resultados pueden ser abismalmente distintos. Esto resulta particularmente preocupante cuando se analizan indicadores utilizados para generar diagnósticos y diseñar políticas públicas para el desarrollo. El mejor ejemplo lo dan los salarios.
De acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a diciembre de 2018 había 10 mil 794 trabajadores registrados en el IMSS con ingresos laborales equivalentes a un salario mínimo; estos representan 0.05% de los trabajadores formales totales. Esta proporción ha disminuido radicalmente en los últimos años. En 1998, por ejemplo, casi 17% de los trabajadores formales ganaban un salario mínimo de acuerdo con este registro. Al ampliar el panorama, los datos del IMSS indican que 39% de los trabajadores formales ganan entre uno y dos salarios mínimos, y 19% ganan entre dos y tres. Sin embargo, la palabra “formal” es clave, ya que estos datos excluyen al 51.9% de la población ocupada, la cual labora en la informalidad.
Para contar una historia más completa del mercado laboral en México se debe recurrir a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La ENOE es levantada por el INEGI de manera trimestral y obtiene información sobre el sector formal e informal de la economía. De acuerdo con sus resultados, al tercer trimestre de 2018, 16% de la población ocupada ganaba hasta un salario mínimo, y al analizar únicamente a los trabajadores con ocupación formal, 3.1% de ellos estaban en esta situación. Además, 28% de los trabajadores totales en la economía ganan entre uno y dos salarios mínimos y, al enfocarnos únicamente en los trabajadores formales, ésta proporción es del 24%.
La ENOE, a pesar de su robustez metodológica, no deja de ser una encuesta en la cual, por definición, los entrevistados son libres de responder. Una desventaja de esto es la falta de precisión en algunos datos que se recaban, como los ingresos. Asimismo, la disposición a responder las preguntas sobre ingresos ha disminuido en los últimos años. Mientras en 2005 alrededor de 5% de los trabajadores no especificaban su nivel de ingresos, esta proporción se ha elevado significativamente. En 2018, los ingresos del 14% de la población ocupada no fueron especificados en la encuesta.
Los registros administrativos del IMSS tampoco son suficientes para tener una idea clara de los ingresos en el mercado laboral, no solo por excluir a más de la mitad de la población ocupada, sino por la mala práctica a registrar a los trabajadores con un ingreso inferior al que en realidad perciben. Algunos empleadores utilizan este método para evadir costos sobre las cuotas obrero–patronales y los impuestos que se deben pagar por formalizar a sus empleados. Para los trabajadores, esto representa una violación a sus derechos laborales y, por ende, una violación al Estado de derecho.
La discusión sobre los ingresos laborales en México es fundamental. Las cifras son utilizadas para diseñar políticas públicas, para medir los avances en una de las muchas aristas del desarrollo económico, y para argumentar la importancia del aumento en el salario mínimo. Sin embargo, la realidad es que con las herramientas disponibles actualmente, México está lejos de contar con estadísticas precisas sobre el tema.
En un país como el nuestro, donde la informalidad laboral siempre fluctúa alrededor del 50%, no sobra insistir en la urgencia de diseñar políticas que reduzcan los costos de acceder al mercado formal. Al mismo tiempo, se deben fortalecer los mecanismos de supervisión para que los empleadores cumplan la ley al pie de la letra.