Publicado en Animal Político.

“Un componente básico de la política de crecimiento debe tener una dimensión regional importante que reduzca las disparidades regionales y que contribuya, de manera decidida y frontal, al desarrollo de la zona sur-sureste del país”

Graciela Márquez Colín, Entrevista con Foreign Affairs Latinoamérica, 5 de junio de 2018

En una entrevista publicada un mes antes de las elecciones presidenciales de 2018, Graciela Márquez Colín, propuesta y eventual dirigente de la Secretaría de Economía, hizo énfasis en la importancia de disminuir la disparidad regional a través del crecimiento económico inclusivo. La disparidad regional en términos de crecimiento, pobreza, empleo formal, y otros indicadores ha sido una de las mayores preocupaciones en el discurso público de las últimas administraciones. El fenómeno de disparidad económica dentro de un mismo país se ha convertido en uno de los mayores retos a nivel global, y organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han analizado el panorama de estas disparidades, incluso en los países con los mayores niveles de ingreso y desarrollo.

En el caso de México, el crecimiento económico es sólo uno de los indicadores que refleja estas disparidades regionales. Trimestre tras trimestre, las cifras publicadas por el INEGI refuerzan la historia de los muchos Méxicos en uno. El dato más reciente del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, publicado el 29 de abril, corrobora no solo el crecimiento dispar en la actividad económica de los estados, sino algo más preocupante: la ampliación de la brecha entre el sur y el resto de México.

Durante 2018, seis estados decrecieron: Durango (-0.3%), Chiapas (-0.5%), Morelos (-0.5%), Campeche (-1.3%), Tlaxcala (-2.3%) y Tabasco (-6.7%). Este último, además, acumuló 14 trimestres con tasas anuales de crecimiento negativo. En contraste, Baja California Sur creció a un ritmo de 14.2% anual.

Al ampliar la ventana de tiempo para comparar el comportamiento de la actividad económica estatal desde 2003, y separar a México en cuatro regiones¹, se observa que después de la caída generalizada ante la crisis de 2009, los estados localizados en el norte, centro norte y centro de México han crecido a un ritmo relativamente similar y estable. Por el contrario, el sur se ha estancado y, por ende, rezagado, incluso a pesar del alto dinamismo de Quintana Roo, agrupado dentro de esta región.

Este bajo rendimiento tiene efectos tangibles en otros indicadores, como el PIB por habitante. En 2009 el PIB per cápita de la Ciudad de México era 4.9 veces más grande que el de Chiapas. La magnitud de esta diferencia se ha expandido a 7.05 veces a finales de 2018. Esto es consecuencia no sólo de un rápido crecimiento en el PIB per cápita de la CDMX – que ha crecido 40% en términos reales desde entonces – sino también a una contracción de 4% tras ajustar por efectos inflacionarios en el mismo indicador de Chiapas.

Más allá de repetir el conocido diagnóstico del bajo crecimiento del sur, la presente y futuras administraciones de México deberían concentrar los esfuerzos en la implementación de políticas realistas no solo para alcanzar las tasas de crecimiento del resto de México, sino para excederlas. En este sentido, investigaciones recientes se han enfocado en encontrar las razones detrás de estas disparidades para poder desarrollar políticas de acuerdo a las necesidades específicas de cada estado. Entre ellas destaca la investigación del Centro de Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard, la cual argumenta que variables que serían los “sospechosos usuales”, como el bajo nivel educativo, explican sólo una pequeña parte del pobre desempeño económico de estados como Chiapas.

En su lugar, el CID propone que el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo de estados en el sur de México es la falta de acceso a insumos para la producción de bienes complejos, es decir, que impliquen una mayor cantidad de pasos en el proceso de producción. Esto conlleva bajos retornos a la inversión, lo cual, a su vez, inhibe la inversión privada. En este contexto, un mecanismo para atraer inversión privada y construir un modelo de crecimiento basado en la producción de bienes complejos, con beneficios de largo plazo, era el programa de Zonas Económicas Especiales (ZEE) propuesto por la administración pasada. Si bien el proyecto no podía ser considerado una panacea, y aún era demasiado temprano como para evaluar los resultados, representaba un paso en el sentido correcto para contribuir a que el sur se incorporara al ritmo de crecimiento de los otros estados.

La cancelación de las ZEE, recientemente anunciada por la nueva administración, en un contexto en el cual se han otorgado beneficios fiscales a los estados del norte de México, no sólo implica una desaceleración en los proyectos que se estaban planeando para reducir la brecha regional, sino que generan un retraso que será cada vez más difícil de contrarrestar. Si bien el gobierno ha argumentado que proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico compensarán la desaparición de las ZEE, ninguno de los dos planes está diseñado para impactar de manera directa la estructura productiva de la región. Además, estos proyectos difícilmente generarán las cadenas productivas necesarias para transformarse en economías de alto valor agregado.

La declaración de la secretaria de Economía a finales de la campaña contiene el diagnóstico correcto. Sin embargo, la magnitud y la persistencia de la disparidad regional a lo largo de los años deja clara la necesidad de diseñar políticas y programas que ataquen sus causas principales desde la raíz, de manera que haya efectos marcados sobre la economía. No se trata de invertir por invertir; se debe tomar en cuenta que ante problemas complejos, las mejores soluciones no son triviales y, con frecuencia, tardan tiempo en rendir frutos.

¹ Se agruparon a los estados en cuatro regiones de acuerdo con la metodología de los Reportes sobre las economías regionales de Banco de México. Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Centro Norte: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

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