- El buen crecimiento de Estados Unidos puede ser un factor que incida en el crecimiento durante el presente año, no obstante se espera que sea inferior al 3,7%
- El cumplimiento del estado de derecho y la lucha frontal contra la corrupción son condiciones necesarias para recobrar la legitimidad del gobierno e impulsar el crecimiento.
Tras numerosos ajustes a los estimados de crecimiento en los años previos, existe duda sobre la posibilidad real de alcanzar el 3.7% de incremento en el producto interno bruto (PIB) establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los criterios generales de política económica para este año. Al respecto, en la pregunta quincenal hecha por México ¿Cómo Vamos? a su panel de expertos, de los 20 expertos que respondieron, la mayoría (el 60%) coinciden en que la tasa se ubicará entre el 3 y 3.4%, mientras que el 25% considera que estará entre 2.5 y 2.9%, el 10% espera que el incremento sea equivalente al pronóstico de SHCP, ubicando la tasa entre 3.5 y 3.9% y sólo un especialista (5%) considera que el incremento será menor al 2.5%. Ello sitúa la predicción ponderada de los expertos de México ¿Cómo Vamos? en 3.0%, es decir 0.7 puntos porcentuales por debajo de lo estimado por SHCP para 2015.
Quienes esperan un crecimiento mayor al 3% coinciden en que el dinamismo de la economía norteamericana puede ser un factor que impulse nuestro crecimiento, principalmente apoyado en una mayor demanda de productos mexicanos, así lo manifestó César Octavio Vargas Téllez, Jefe de la División de Estudios Profesionales, Facultad de Economía UNAM, quien consideró que "la caída en el precio del petróleo y la devaluación del peso, impulsaran las exportaciones a Estados Unidos".
Por su parte, entre quienes mostraron una inclinación a creer que el crecimiento se encontrará, en promedio en 2.7%, destacó Juan Carlos Moreno-Brid, Director Adjunto de la sede subregional de CEPAL, quien consideró que "los choques externos adversos sumados a la probable contracción del gasto público dificultan que la economía repunte con fuerza". Adicionalmente sugiere que el débil mercado interno es un factor que detiene el crecimiento y señala que a pesar de que "ha subido el empleo formal, la pobreza laboral también [ha aumentado]: el 42% de la población no puede adquirir la canasta básica con su salario". El profesor de la UNAM, Gerardo Esquivel, quien también predijo un crecimiento promedio de 2.7% subrayó que "entre los aspectos que pudieran motivar un crecimiento se encuentra aumento significativo en las exportaciones y/o un aumento en el gasto asociado al proceso electoral".
En general, los expertos hicieron hincapié en la necesidad de reducir la corrupción e implementar un verdadero estado de derecho para impulsar el crecimiento de la productividad y con ello el crecimiento general de la economía. Así, el director del Instituto de Investigaciones sobre "Desarrollo Sustentable y Equidad Social" en la Universidad Iberoamericana, Rodolfo de la Torre, comentó que la mayor productividad que el país necesita "no aparece con rapidez, sino hasta que se extiende el cambio tecnológico y organizativo asociado a las nuevas reglas institucionales", y precisó que factores como el cumplimiento del estado de derecho y una verdadera seguridad social universal también son necesarios para el crecimiento.
En esa misma línea, Viridiana Ríos, Directora General de México ¿cómo vamos?, estimó que el crecimiento se encontrará entre 2.5 y 2.9%, y subrayó que "el gobierno federal debe mejorar la calidad y la rapidez con la que se implementa la inversión pública y recuperar su legitimidad mediante la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción autónomo, coordinado y con capacidad real de sancionar y prevenir la corrupción en todo nivel de gobierno. El estado de derecho es fundamental para que el resto de las reformas impulsadas durante los últimos años tengan los efectos deseados".
Los especialistas concluyen que el crecimiento estará nuevamente por debajo del estimado por SHCP, aunque con una tendencia ligeramente más optimista si se implementan medidas efectivas contra la corrupción y se procura que la inversión pública sea más eficiente.