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Programas sociales: tiempo de leer la cartilla

Por: Rodolfo De la Torre (@equidistar)

En 2011 existían 273 programas o acciones federales de desarrollo social, 2,849 de las entidades federativas y cerca de 1,883 en los municipios. Se trataba de poco más de cinco mil intervenciones de política social para 12 millones de hogares, más de la mitad de la población del país, que van desde la atención a la alimentación hasta el subsidio a la tenencia de camionetas.

Esta discrecionalidad e inequidad llevaron al Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a proponer “mecanismos de focalización mediante un padrón único de beneficiarios del gasto público” (p.186), con el fin de coordinar mejor los programas y hacerlos más efectivos. Dicha acción ha quedado como un gran pendiente de la política social.

Años después, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha ideado una nueva manera de posponer este camino a la transparencia y la rendición de cuentas. En un ejercicio sin precedentes, ha preferido entregar más de nueve millones de estados de cuenta individualizados de los recursos federales y locales que se otorgan a los hogares en condición de pobreza: la denominada cartilla social.

La cartilla permite a la SEDESOL dejar constancia impresa del valor monetario de lo que cada hogar recibe. Esto mientras los encuestadores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) se encuentran recopilando los datos que servirán para medir la pobreza en 2016. Así, se escala la campaña que la secretaría hizo en el pasado para que se reporte sin falla la información pertinente.

Este no es el espíritu de la recomendación del documento del PNUD, ni de lo propuesto por el informe evaluación de la política social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ni de lo reclamado por las organizaciones de la sociedad civil que conforman Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quienes también señalan la conveniencia de integrar un padrón único.

Vale aclarar que el padrón único no es un listado de beneficiarios asociado a los programas sociales. Se trata de una institución que identifica a la población potencialmente beneficiaria, a aquella que ya lo es, y que obliga a todos los programas y acciones sociales presentes y futuros a ceñirse a las prioridades de atención que define. Este es el verdadero gran reto, no la cartilla social.

El padrón único concentra la información para transparentar y rendir cuentas sobre los programas sociales en conjunto, en vez de fragmentarla para que cada beneficiario coteje su parte. Promueve los derechos sociales al registrar el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, en vez de comunicar que éste otorga dádivas cuantificables para que se recuerden al contestar una encuesta.

La cartilla social, más allá de los datos que revela a los beneficiarios, puede ser una oportunidad para la transparencia. Ante su reparto masivo, la SEDESOL debe aclarar cómo calcula los valores monetarios que da a conocer y cómo este instrumento ayuda a evitar la proliferación, dispersión y fallas distributivas de los programas y acciones sociales a nivel nacional, entre otras cosas.

Pero, sobre todo, la SEDESOL debe explicar cómo el reparto y promoción de seis millones de cartillas sociales, hasta ahora, afectará la continuidad histórica de las cifras de pobreza. Un ejercicio mucho más modesto de mejora de la información por parte del INEGI hizo que el CONEVAL no pudiera calcular la pobreza de 2015, al perderse la comparabilidad de los datos de ingreso con los anteriores.

Mientras tanto, el PNUD ha hecho público su Informe sobre Desarrollo Humano 2016 , que nuevamente advierte sobre la importancia de conformar un padrón único de beneficiarios. Este documento reconoce avances en la materia, pero también que el paso decisivo no se ha dado. Hoy, sin embargo, son casi seis mil programas o acciones de política social que requieren ser alineados. Esperemos que ahora sí la SEDESOL les lea la cartilla, en vez de distraerse con ella.

* Rodolfo de la Torre es economista por el ITAM y Maestro en Economía por la Universidad de Oxford. Actualmente es Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Entre sus funciones anteriores destacan Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social en la Universidad Iberoamericana, Consultor de la CEPAL, profesor del ITAM, CIDE y la Facultad de Economía de la UNAM.