Publicado en Animal Político.

Si entendemos la inclusión financiera como el acceso de la población a servicios financieros diversos a través de entidades financieras formales, México y muchos países en desarrollo dejan mucho que desear en relación a este tema. La inclusión financiera es relevante no solo porque promueve el desarrollo del país, sino porque permite un desarrollo más equitativo para todos sus integrantes. Por el contrario, que sectores amplios de la población, por lo general los sectores de menores nivel de ingresos, no accedan a este tipo de servicios, inhibe de manera relevante sus posibilidades de desarrollo. Que familias completas en regiones urbanas o poblaciones suburbanas o rurales no puedan acceder a una cuenta de ahorro, a crédito en sus diversas modalidades o a medios de pago, les resta posibilidades para mejorar su condición económica. Y muchas veces, cuando los servicios los prestan entidades no formales, incrementa la vulnerabilidad de sus ahorros, o los precios a los que acceden a estos servicios les extraen valor más que mejorar sus posibilidades.

Es por ello que para los gobiernos y la sociedad en general, la inclusión financiera debe ser un tema relevante. En este sentido existen diversos enfoques de cómo se debe abordar la política orientada a incrementar la penetración del sistema financiero.

Uno de los enfoques erróneos en este sentido pasa por considerar que el acceso a servicios financieros se resuelve a partir de facilitar el crédito a quienes usualmente carecen de esta posibilidad. De ahí surgieron los llamados microcréditos, tanto en su forma individual, como los créditos grupales en distintas modalidades. O también, la gama de entidades que han sido creadas para facilitar el crédito a los sectores de la población que carecen de ellos, tanto en México como en el mundo. El crédito es difícil de evaluar sin un historial de pago o por tratarse de sectores generalmente informales en los que resulta complejo evaluar su capacidad de pago, recurriendo en muchos casos a garantías formales e informales o a la presión social de grupo para que cumplan sus obligaciones. Muchas de las entidades que ofrecen estos tipos de créditos fueron atraídas por las altas tasas a las que colocan sus recursos. Sin embargo, a pesar de que algunos acreditados han sabido utilizar este financiamiento para expandir sus proyectos, en general la alta morosidad que se observa no ha permitido dar estabilidad a la mayoría de las entidades que se han aventuraron en este mercado.

Otro enfoque erróneo es también el que llamaremos ‘transaccional.’ Se pretende dar acceso a transacciones financieras a quienes no disponen ni de cuentas bancarias, ni de acceso al crédito. Este enfoque busca cobrar comisiones sobre las transacciones que realicen estos segmentos de la población, sin tomar riesgos en los servicios. Así la gama de servicios ha crecido ampliamente, como las entregas de remesas a través empresas remesadoras y entidades comerciales. El volumen de remesas ha sido enorme y las comisiones que cobran son muy altas, comparado con los envíos que se podrían hacer mediante transferencias electrónicas entre entidades financieras formales en ambos lados de la frontera. En este ámbito están también las transacciones a través de monederos electrónicos y cuentas que se cargan en celulares para hacer transferencias hasta que la carga se agota. Aunque estas tecnologías facilitan la transaccionalidad como medios de pago de sectores de la población, no representa una bancarización real y son más bien un negocio atractivo a quien facilita las transacciones.

La inclusión financiera es un tema más amplio e integral, que al abordarse desde el punto de vista del crédito y como un mero mercado transaccional limita sus posibilidades. La verdadera bancarización de la población, para ser profunda y estable, debe partir del ahorro. La apertura de cuentas de ahorro a estos segmentos de la población se convierte en el eje que les permitirá acceder a todo tipo de servicios financieros. En dichas cuentas pueden recibir remesas a costo de transferencias muy inferiores, pueden cargar y derivar en tarjetas de débito y otros medios para realizar transacciones. Pueden recibir programas de apoyo gubernamental, eliminando intermediarios y ofreciendo mayor transparencia en el uso de recursos públicos y en algunos casos sirven inclusive para evitar ser sujetos de clientelismo político. Pero sobre todo, una cuenta de ahorro permite construir un historial de pago para acceder a crédito en condiciones de mayor estabilidad y en mejores términos. También se pueden usar estas cuentas de ahorro para acceder a seguros, microseguros o constituir esquemas de autoseguro entre las clientelas de estas instituciones.

Sin embargo, es más fácil para las entidades financieras dar créditos u ofrecer medios transaccionales, que abrir cuentas de ahorro. Esto se debe a que la regulación financiera es más estricta al dar licencias a entidades que captan ahorro del público que las que solamente colocan crédito o desarrollan medios transaccionales. Esto se debe a que la autoridad financiera debe asegurar que las entidades que captan ahorro del público cumplan con ciertos criterios regulatorios que aseguren su solvencia, ante la responsabilidad que tienen de proteger los ahorros del público. En el caso de México, solamente los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y las sociedades financieras populares de ahorro y crédito pueden captar ahorro del público.

En este sentido, el reto en materia de política pública pasa por fomentar la inclusión financiera y la penetración del sistema financiero expandiendo sus servicios a sectores de la población que carecen de ellos a través de entidades formales reguladas que puedan ofrecer cuentas de ahorro y su derivación en una gama amplia de servicios y productos financieros. Esto requiere apoyar a las instituciones que se centren en este tipo de segmentos para que actúen como banca de primer piso para distribuir los productos de bancos de desarrollo o con plataformas tecnológicas de punta que les permitan facilitar el acceso, reducir los costos de operación y proveer la información que se requiere para, por un lado facilitar los reportes regulatorios requeridos por la autoridad y por el otro, para contar con la información necesaria de su clientela que les permita ofrecer más productos en mejores condiciones, así como contar con mayor información institucional que les permita una mejor conducción estratégica de la entidad.