Publicado en Animal Político

La nueva administración lleva casi dos meses en funciones, durante los cuales ha llevado a cabo acciones que permiten reconocer algunos de los temas que considera prioritarios. Tanto en su discurso inicial como en las participaciones y publicaciones hechas durante la campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en la importancia que el empleo formal y los salarios tendrían en su gobierno. Además, sus promesas incluían un fuerte eje laboral, con proyectos como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y propuestas de aumentar el salario mínimo en el país. Las palabras se materializaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el cual otorgó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los mayores recursos de su historia. La STPS recibirá 43 mil 269 millones de pesos para operar en 2019, un incremento de 972% respecto al año previo. Pasó de ser la dependencia del Ejecutivo Federal número 17 a la número 8 en términos de mayor presupuesto.

Al mismo tiempo, la mayoría de los organismos autónomos sufrieron recortes este año. La única excepción fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual al tener que realizar los Censos Económicos y la preparación del Censo de Población y Vivienda 2020, requería de sustancialmente más recursos respecto a lo que había recibido en los años recientes. De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI, el organismo solicitó a la Secretaría de Hacienda (SHCP) 17.6 mil millones de pesos este año para cumplir con todos los proyectos de su plan de trabajo. Sin embargo, la SHCP le aprobó 12.6 mil millones. Posteriormente, la Cámara de Diputados realizó otro recorte presupuestal para el INEGI, correspondiente a 500 millones de pesos.

Ante estos recortes, el INEGI se vio obligado a suspender la realización de 14 proyectos y encuestas. Con esta suspensión, México perderá insumos que son fundamentales para hacer un buen diagnóstico en temas laborales, que dan sustancia a la discusión y que permiten evaluar de manera independiente los resultados de las políticas implementadas por la nueva administración. Destacan casos como el Módulo de Trabajo Infantil, la Encuesta de Uso del Tiempo y la Encuesta Nacional Agropecuaria.

En primer lugar, gracias al Módulo de Trabajo Infantil sabemos que 8% de la población entre 5 y 17 años –2.3 millones de menores de edad– estaban ocupados en el mercado laboral en 2017. Entre ellos, únicamente 11% estaban empleados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), mientras el 89% restante tenían menos de 15 años de edad o laboraban en actividades peligrosas según la LFT. Además, entre los menores ocupados, 40% no asistía a la escuela y casi una quinta parte no tenía ni siquiera la primaria completa. Son datos como estos los que se necesitarán más adelante para diseñar políticas que atiendan las necesidades de las generaciones más jóvenes del país.

La Encuesta de Uso del Tiempo, por otro lado, proporciona cifras interesantes en cuestiones de género, las cuales ayudan a entender la baja participación femenina en el mercado laboral que México tiene respecto a otros países. De acuerdo con los últimos datos, las mujeres destinan alrededor de 25 horas a la semana al cuidado de integrantes del hogar de entre 0 y 14 años, mientras en el caso de los hombres esta cifra es de apenas 11 horas semanales. El tiempo que las mujeres destinan al cuidado de menores excluye, además, las 14 horas semanales destinadas a la preparación de alimentos en sus hogares, las 10 horas para la limpieza de la vivienda y las 5 horas promedio para la limpieza de ropa. En el caso de los hombres, el número de horas destinadas a estas labores es de apenas 4, 4 y 1.7 promedio a la semana respectivamente.

Por último, la Encuesta Nacional Agropecuaria es uno de los insumos más completos del sector. Proporciona información sobre la mano de obra, maquinaria, acceso al crédito, uso del suelo, en la producción agropecuaria. En lo relacionado al uso de mano de obra, las últimas cifras disponibles indican que únicamente 3 de cada 10 mujeres que laboran en el campo reciben un pago por su trabajo. Además, la proporción de mujeres no remuneradas en este sector ha aumentado en los últimos años. Adicionalmente, permite observar importantes disparidades regionales en el empleo de los jornaleros. Por ejemplo, mientras a un jornalero lo contratan, en promedio, por 106 días al año en Baja California Sur, en Puebla la contratación promedio dura 15 días al año.

Algunos de los programas gubernamentales que buscan atender el sector laboral han sido eliminados o han tenido disminuciones en el presupuesto. El presupuesto para el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, por ejemplo, disminuyó casi 50% –de 4 mil 070 millones de pesos a 2 mil 042 millones de pesos. Aunque el cuidado de los menores representa sólo una parte de una necesaria estrategia integral que debe realizarse para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, es preocupante que no sea considerada una prioridad. Además, uno de los programas que buscaba atender a los trabajadores jornaleros –el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas– fue eliminado en el PEF 2019.

Sin las cifras que serían proporcionadas por las encuestas suspendidas del INEGI, no habrá información disponible para medir las consecuencias de la cancelación o reducción en el presupuesto de programas que pueden impactar el mercado laboral. Si no hay información exhaustiva y recabada por un organismo autónomo sobre las características de la población mexicana, resulta difícil identificar las carencias y deficiencias que requieren de atención y, por ende, se complica la elaboración de políticas eficientes en el país. En este caso, podría salir cara la estrategia de reestructuración de gastos. Perderemos información que dábamos por sentada.