Artículo publicado en Animal Político

Los estados que rompen estereotipos

Este texto fue escrito por el equipo de @mexicocomovamos

Las disparidades regionales que existen en México no son un tema nuevo. Los discursos sobre “desarrollo incluyente” han sido tan frecuentes que se han vuelto un asunto más en la agenda de cada administración que llega y que se va. La creación de un México incluyente es una de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal. Sin embargo, a pesar de las promesas y los planes, México continúa siendo de los países de la OCDE con mayor desigualdad en ingreso entre regiones de acuerdo con el estudio “Mejores políticas para un desarrollo incluyente” de la misma organización.

Hace unas semanas, México, ¿Cómo Vamos? presentó en una conferencia de prensa el estado actual de las disparidades económicas regionales. En el estudio, la organización dividió al país en cuatro zonas: norte, centronorte y occidente, centrosur y oriente, y sur. No es que se haya descubierto nada nuevo: existe un aparente consenso en que los estados de la zona norte y Bajío del país han tenido una bonanza económica no observada por la zona sur, como si existieran dos países distintos en un solo México. Pero lo que quedó manifiesto es que las brechas regionales no han disminuido en lo más mínimo.

No se trata de dos Méxicos, sino de muchos Méxicos. Muchos Méxicos, pero al final del día uno solo. Dentro de cada zona existen algunos estados particulares que rompen los estereotipos, cuyas características podrían asemejarse a las de sus vecinos, pero por alguna razón tienen un desempeño económico distinto al de su región.

En el caso de los estados del norte, las entidades están cerca de la frontera con el mercado más grande e importante del mundo. A pesar de esta característica que otros estados del país envidiarían, estados como Tamaulipas, con acceso directo al mar y a la frontera estadounidense, con cuatro puertos marítimos y cinco aeropuertos internacionales, no tienen los resultados económicos con las que cuenta su vecino inmediato, Nuevo León. Al contrario de lo que usualmente se comenta de la zona norte, la economía tamaulipeca está estancada, creciendo a un ritmo promedio de 1.8 % anual en los últimos 5 años, generando, en promedio, apenas una tercera parte de los empleos formales necesarios en el estado cada año y con un nivel de productividad laboral de $ 142 pesos por hora trabajada que, si bien está por encima de la nacional, ha decrecido si se compara que la de hace cinco años, de $ 152.

Cuando se habla de la región centronorte y occidente del país, el foco se ubica en el Bajío. El crecimiento económico de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, a un ritmo promedio de 5.5 % anual en los últimos cinco años, ha sido el motor de la zona. A pesar de ser vecino de estos dos últimos, se comporta distinto, con un crecimiento en la actividad económica de 2.7 % promedio desde 2011. Prácticamente todos los indicadores monitoreados por México, ¿Cómo Vamos? se han deteriorado. Querétaro, por ejemplo, donde se producen $ 189 pesos por hora trabajada, tiene una productividad laboral de más del doble que la de Michoacán, que a diferencia de los estados del Bajío tiene la ventaja de tener acceso directo al mar, potencial poco explotado con apenas un puerto marítimo. A diferencia de los estados del Bajío, los cuales lograron convertirse en clústers de actividad económica manufacturera e industrial, a Michoacán le ha sido imposible sumarse a las cadenas de valor internacionales. A pesar de tener una extensión territorial superior en más de 10 mil 733 kilómetros cuadrados a la de los otros tres estados combinados, de acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato tienen alrededor de 11 mil 306 establecimientos de industrias manufactureras más que los que tiene Michoacán.

También hay estados que, a pesar de estar rodeados por otros con indicadores económicos mal calificados, han sobresalido de manera positiva. En la zona centrosur y oriente, la Ciudad de México, presenta un mejor desempeño que sus vecinos en todos sus indicadores. Durante 2016 generó casi 10 mil empleos formales adicionales a los que necesitaba para dar cabida a la población que se incorporaba al mercado laboral, y presenta los segundos niveles de productividad laboral más altos del país ─$ 277 pesos por hora trabajada. Sin embargo, debido a que en esta ciudad se concentra buena parte de la actividad económica nacional ─16.5 %─, no es sorprendente que la CDMX presente buenos resultados a comparación de sus vecinos. Lo que sí resulta sorprendente es la poca derrama económica hacia los otros estados de la zona.

En el sur, Quintana Roo es el estado excepción. Después de los estados del Bajío, es el estado con mayor crecimiento económico en los últimos cinco años, a un ritmo de 5.1 % promedio anual. Sin embargo, Quintana Roo es el ejemplo perfecto de disparidades dentro del mismo territorio. Quintana Roo no es únicamente Cancún o la Riviera Maya, sino un conjunto de 11 municipios donde se ha dejado de prestar la atención necesaria para alcanzar el deseado “desarrollo incluyente”. Cabe mencionar que, si bien Quintana Roo funciona como ejemplo en términos agregados en resultados económicos, la falta de transparencia en el uso de la deuda pública, que hoy representa 6.9 % del PIBE y es la segunda más alta a nivel nacional, opaca los logros medidos a través del crecimiento económico.

Una herramienta de política pública utilizada por varios países latinoamericanos para enfrentar estas desigualdades son las transferencias federales. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su éxito en México ha sido limitado. Este instituto destaca, además, que alrededor del 10 % de estas transferencias se asigna de manera arbitraria. En 2016, por ejemplo, Tamaulipas recibió por concepto de aportaciones federales – recursos transferidos por la Federación para servicios de educación, salud, infraestructura social en zonas marginadas y coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública – menos recursos que el estado colindante de Nuevo León que es, además, el segundo estado del país con menor porcentaje de pobreza laboral en el país. Quizás habría que replantearse la forma de diseminar estos recursos a nivel estatal, siempre pensando en que la rendición de cuentas será indispensable como mecanismo de control.

La actual administración ha promovido un programa que pretende atender estas desigualdades regionales: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Aunque es un proyecto que aún se encuentra en etapas de desarrollo, no se debe apostar a que sea la solución absoluta a la disparidad regional. No existe una receta inmediata, pero sí existen casos de éxito en todo el país que demuestran que a través de las políticas correctas de años se pueden alcanzar resultados favorables. La prosperidad tarda años en construir, pero mucho menos tiempo en destruir. Mientras no se transparente en su totalidad el uso de recursos públicos, ni se respete el Estado de derecho de manera ininterrumpida, ni se hagan planes de desarrollo de largo plazo, las palabras “desarrollo incluyente” no se convertirán en realidad.