Por: Valeria Mendiola (@ValeMendiola) y Valeria Moy (@ValeriaMoy)
El Congreso tuvo y dejó pasar la oportunidad para regular el contenido y gasto de la publicidad oficial. En lugar de expedir la ley requerida, se enfocó en otro tipo de prioridades.
Por: Valeria Mendiola (@ValeMendiola) y Valeria Moy (@ValeriaMoy)
El pasado 15 de noviembre, en medio de la víspera de la quinta ronda de renegociación del TLCAN, la noticia de un fallo histórico por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pasó desapercibida. Ese día, la SCJN reconoció que el Congreso había hecho caso omiso a su obligación de expedir, a más tardar el 30 de abril de 2014, una ley para regular la comunicación social.
La resolución de la Suprema Corte revivió el debate sobre el gasto en comunicación social. Al mismo tiempo, exigió al Poder Legislativo cumplir con sus funciones y expedir la ley a más tardar el 30 de abril de 2018, 4 años tarde.
Se ha hablado mucho sobre el gasto en comunicación social y publicidad de la administración en sus primeros cuatro años de gobierno. Éste ha sido de aproximadamente 29 mil 592 millones de pesos, superior en 152 % a lo autorizado por la Cámara de Diputados entre 2013 y 2016. Una de las mejores maneras de dimensionar el despilfarro es comparándolo con los recursos destinados a otros rubros que la población puede considerar más relevantes.
Únicamente durante 2016 se destinaron 8 mil 098 millones 910 mil 776 pesos a comunicación social, 324 % más que lo originalmente aprobado, 1.9 miles de millones de pesos. Estos 8 mil millones de pesos son equivalentes a más de la mitad de los recursos que se destinaron a los sueldos de la policía federal en el año y a una tercera parte del presupuesto total de Conacyt. Es también 2.4 veces lo que se destinó a la producción y distribución de libros y materiales educativos, al igual que 2.4 veces el monto destinado a la capacitación de recursos humanos para la salud.
Al comparar la cifra con algunos programas de desarrollo social, el gasto en publicidad del gobierno federal fue casi 4 veces el gasto ejercido en subsidios por el programa Diconsa, casi 7 veces el del programa Liconsa y 3.6 veces el de los Comedores Comunitarios.
Las comparaciones por sí mismas son inquietantes, pero lo más preocupante fue la oportunidad que el Congreso tuvo y que dejó pasar para regular el contenido y gasto de la publicidad oficial. En lugar de expedir la ley requerida, el Congreso se enfocó en otro tipo de prioridades.
Entre el 10 de febrero de 2014, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el Congreso debía a comenzar a trabajar en la elaboración de la ley, y el día de la resolución de la Corte, 15 de noviembre de 2017, transcurrieron casi 8 periodos de sesiones. Durante este periodo, se presentaron 10 mil 958 asuntos en la Cámara de Diputados y 7 mil 488 en la de Senadores, entre iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. Entre las iniciativas, hubo 3 mil 528 dictaminadas en la Cámara de Diputados y 1,465 por el Senado en el mismo periodo.
Hubo tiempo en el Congreso para aprobar iniciativas que declararan el “Día Nacional de la Oratoria” y el “Día Nacional del Artista Intérprete”, pero no lo hubo para cumplir con un artículo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El Congreso – especialmente la Cámara de Diputados – tiene el deber de ser el contrapeso en materia de finanzas públicas. Tiene la obligación de crear leyes que aseguren el uso eficiente de los recursos y exijan rendición de cuentas.
En un escenario donde el gasto público como proporción del PIB ha alcanzado niveles históricamente altos, de 26.6% en 2016, la expedición de la ley que regule la publicidad oficial debe ser solo el primer paso. Como ciudadanos, deberemos vigilar no solo la ley que tendrá que ser publicada antes del 30 de abril del próximo año, sino también el ejercicio activo del Congreso en la agenda de las finanzas públicas nacionales.