Publicado en Animal Político.

Todos los días escuchamos comentarios relacionados a que la inversión es la única manera de generar y sostener el crecimiento económico, lo cual es cierto; sin embargo, no toda inversión genera crecimiento ni toda es deseable en la economía.

México necesita que se invierta anualmente algo así como el 25% del PIB para alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4%, este monto es equivalente a 300 mil millones de dólares y requiere de muchos factores para que se logre y para que en verdad genere crecimiento.

Vamos a analizar algunos de ellos:

1.- La inversión para generar crecimiento debe ser productiva, es decir, generar alguna rentabilidad ya sea económica o social, en el caso de esta última, se considera rentable cuando crea posibilidades de desarrollo económico adicionales causadas por ella, o cuando considera efectos indirectos en campos distintos a la rentabilidad privada, a lo que se denomina externalidades en la jerga económica. Un ejemplo de lo primero sería una carretera que facilite la comunicación y que además permita que actividades como el comercio se desarrollen y generen rentabilidad económica para los ciudadanos y con ello crezca el producto. Ejemplo de lo segundo sería si la carretera genera una externalidad negativa sobre el medio ambiente, en cuyo caso habría que reducir los beneficios para llegar a la rentabilidad social (externalidad negativa), o lo contario, si con la mayor fluidez del tráfico se reduce apreciablemente la contaminación (externalidad positiva). Si la inversión no es productiva o no genera o posibilita otro tipo de inversiones que si lo sean, o genera externalidades negativas que anulen su rentabilidad (privada) entonces se convierte en un gasto y más que apoyar el crecimiento o elevar el bienestar ciudadano lo puede incluso disminuir al asignar de manera equivocada los recursos escasos con los que cuenta el país.

2.- Haciendo abstracción por ahora de las consecuencias de las posibles externalidades en el bienestar, es decir, de la rentabilidad social de la inversión, para que ésta apoye el crecimiento tiene que construir capacidades adicionales en la economía, nuevos empleos, producción nueva, es decir agregar valor al ya existente. De manera que aquella inversión que sustituye o mantiene las capacidades existentes, si bien es deseable y en la mayoría de los casos es indispensable, no necesariamente genera crecimiento económico, más bien mantiene la capacidad de producción actual.

3.- ¿Quién invierte los 300 mil millones de dólares antes señalados para elevar el crecimiento económico a tasas cercanas al 4%? Sin duda los grandes inversionistas aportan una buena parte de este monto, digamos que el 10 al 15% del total lo realizan en proyectos importantes, tomando el monto comprometido por el sector empresarial de 36 mmdd para el año 2019, muchos de los cuales generan a su vez oportunidades de inversión para proyectos más pequeños que se vuelven atractivos a partir de estas grandes inversiones (redes de proveedores, por ejemplo). Por lo tanto, una parte sustancial de la inversión 90%, la hacen pequeños inversionistas que arriesgan su patrimonio en pequeñas o medianas empresas y que crean capacidades adicionales que generan valor agregado, de manera que la suma de todo este paquete es lo que ayuda al crecimiento económico. No hay que olvidar que más del 90% de las empresas en nuestro país son pequeñas o medianas y que año con año nacen y mueren muchas de ellas por distintos factores dentro de las cuales la extorsión y la inseguridad ocupan un lugar muy importante.

4.- ¿Qué se necesita para que las personas inviertan? Las personas invierten en proyectos muchas veces para realizar un sueño como emprendedores, pero también buscando una mayor rentabilidad para el capital arriesgado, de otra manera lo mantendrían en ahorro financiero con bajo riesgo. Entonces, lo que se requiere es un entorno favorable para el desarrollo de dichos proyectos, para arriesgar el capital buscando esos mejores rendimientos. El principal responsable de que este entorno se dé es el gobierno, quien debe propiciar las condiciones de seguridad y certidumbre para que los inversionistas tomen los riesgos propios de su negocio. Factores como la extorsión “legal” o ilegal, la inseguridad, la falta de estado de derecho que se manifiesta en la dificultad en garantizar que los contratos se cumplan y los derechos se respeten, así como la incertidumbre sobre el futuro del país y de las políticas públicas, son fundamentales para que las personas decidamos invertir o no.

También es muy relevante que exista estabilidad macroeconómica y apoyos para el desarrollo de esta inversión. Sin duda ésta es una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno, sin ello los ahorradores cuidarán su dinero con el mínimo riesgo posible y no habrá inversiones que apoyen el crecimiento. Un elemento adicional es la expectativa de probabilidad de éxito ante la presencia de grandes y tradicionales jugadores que tienden a acaparar el mercado de nuevas inversiones. Esto se relaciona con la elevada concentración de la industria y comercio mexicanas, que no da una señal atractiva para la concurrencia de nuevos inversionistas que tendrían que arriesgar su patrimonio ante la realidad de que casi siempre son los mismos grupos los que tienen éxito. En otras palabras, parece haber un problema de falta de inclusión, al menos percibida, en las perspectivas de la inversión y el emprendimiento.

Con lo antes expuesto podemos concluir que la inversión necesaria es mucha más que la que los grandes inversionistas están dispuestos a realizar, que para que se dé, el gobierno debe generar un entorno atractivo, que no cualquier inversión ayuda, debe ser productiva o facilitar a su vez otro tipo de inversiones.

El principio de que la inversión debe ser productiva o facilitar otras inversiones es válido también para la inversión pública, la que se realiza con recursos de nosotros los ciudadanos, por lo que debemos exigir que cumpla con lo requerido en materia de rentabilidad. Más aún, la inversión pública debe ser rentable también desde el punto de vista social, como lo marca claramente la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Ello implica que los proyectos públicos tienen que demostrar que merece la pena hacerlos, su rentabilidad estrictamente económica, pero además ajustada a la baja por las externalidades negativas que puedan implicar (sobre el medio ambiente, las comunidades o la seguridad, por ejemplo) -o en su caso ajustadas al alza por sus externalidades positivas-. Por ello, proyectos como el tren maya, la refinería de dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucía debieran pasar por análisis de rentabilidad económica y social muy estrictos antes de ser desarrollados, tal como establece la normatividad vigente en materia de inversión pública. De otra manera serán, como así parece, meramente gastos, un desperdicio de nuestros escasos recursos.