Publicado en Nexos.

Un solo México. Un solo país donde conviven muchos; un solo país que con ciertos rasgos une a más de 120 millones de personas, pero donde la realidad cotidiana las separa profundamente. Las desigualdades imperan en México. Así, en plural. En el mejor de los casos, las diferencias en la cultura, en la comida, en las tradiciones, en la naturaleza y en la geografía de las regiones nutren a un país diverso y lleno de colores y contrastes.

Pero las diferencias también separan. En este único México conviven realidades económicas radicalmente distintas. La brecha que existe entre el norte y el centro del país con el sur es cada vez mayor. El PIB, la informalidad, la productividad, la pobreza, la competitividad, podrían sonar únicamente a variables explicadas en libros de texto y capturadas en las cifras publicadas rutinariamente por los institutos de estadística, pero no lo son. Esos datos representan la calidad de vida de los habitantes. Es más impactante ver una imagen de una fábrica robotizada que observar una tabla con datos de productividad sectorial. La fotografía de un niño en situación de pobreza transmite más que cualquier dato de crecimiento económico. Pero a diferencia de una imagen que captura un solo momento, los datos nos permiten ver los cambios, la evolución, o ver también el estancamiento.

Ilustraciones: Kathia Recio

Eso es lo que pasa en México. Este país se divide entre la prosperidad y el estancamiento; entre lo moderno y el rezago. Ambos Méxicos se mueven, pero a diferente velocidad y, en algunos casos, en sentido distinto.

Para simplificar el análisis recurrimos a la generalización y dividimos al país conforme se observa en el mapa.

Las generalizaciones son poco precisas. Ni todo el norte y centro del país crecen, ni todo el sur está estancado. Quintana Roo, dada la concentración de su actividad económica en los servicios turísticos ha crecido a una tasa de 4.8% promedio anual en los últimos cinco años. Tamaulipas es el estado con menor crecimiento en el norte en los últimos 18 años. De hecho, es el quinto estado con menor crecimiento en el país desde 2005. A pesar de haber crecido de forma importante en los años posteriores a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la falta de Estado de derecho y la inseguridad han mermado el crecimiento y el desarrollo de la entidad.

Los promedios también son generalizaciones. Útiles sin duda, pero ocultan información importante que permitiría entender mejor las dinámicas de crecimiento económico y de generación de bienestar en los estados y regiones del país. México durante 2017 creció 2.3%. Sin olvidar que cada estado contribuye con diferente peso a la producción nacional, vemos tasas de crecimiento como la de Baja California Sur de 12.3% en ese año y disminuciones como la de Tabasco que decreció 8.4%.

Este crecimiento no ha sido suficiente para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Por un lado, la distribución de esta generación de riqueza ha sido dispar, concentrando el ingreso en pocas manos, pero por otro, la causa principal del aumento en la producción ha sido el crecimiento poblacional. En los últimos 20 años el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.6%. En sí mismo, es un número mediocre dado el estado de desarrollo que tiene el país y por el cual debería de crecer a mayor tasa. Pero una vez que lo ajustamos a términos per cápita, el crecimiento es menor, 1.2% entre 1997 y 2017. Si vamos acortando las brechas de tiempo, el cambio es aún más pequeño. En los últimos 17 años, entre 2000 y 2017, el crecimiento agregado fue, en promedio anual, 2.2%; por persona fue 0.8%. Y en los últimos 10, de 2007 a 2017, la economía creció 2.1%, pero en términos per cápita lo hizo sólo en 0.6%.¹

Además de la disparidad en la concentración del ingreso, hay otra disparidad: la regional. Ese México que crece y mejora, mientras el otro México se estanca o empeora.

Visitar una planta automotriz en el Bajío (el centro) o el norte del país es como visitarla en algún país asiático. Las instalaciones están automatizadas, trabajan con procesos estandarizados, son altamente productivas y hay pocos trabajadores.

Algunas ciudades de los estados ahí comprendidos crecen, no siempre de forma ordenada, pero con servicios de primer nivel. Aumentan los corporativos que generan demanda de servicios como hotelería y restaurantes. Cada vez hay más centros comerciales que reflejan el poder adquisitivo de la población.

Hay infraestructura —carreteras, aeropuertos— y acceso a energéticos. La Ciudad de México, Nuevo León, Colima y Aguascalientes son los estados con la mayor proporción de vialidades pavimentadas. Los servicios aumentan y mejoran, generando un círculo virtuoso de mayor atracción de inversión, nacional y extranjera, que dará empleo y mejorará, paulatina pero sostenidamente, el poder adquisitivo y la calidad de vida de quien ahí habita. Las escuelas y las universidades se adecuan al mercado laboral y las empresas colaboran con ellas para mejorar la preparación de los estudiantes de acuerdo a las habilidades que se requieren.

La inversión que atraen los estados de esta región es reflejo de esta serie de oportunidades y ventajas económicas. Nueve de los 10 estados con mayor flujo de inversión extranjera directa durante los últimos cinco años están localizados en el norte y centro de México. La excepción es Veracruz, en el décimo lugar (ver gráfica 1).

Los estados que más han crecido en los últimos cinco años son Aguascalientes (5.6% en promedio anual), Baja California Sur (5.2%), Guanajuato (5%), Quintana Roo (4.8%) y Querétaro (4.7%). Cuatro de los cinco ubicados en el Bajío o el norte.

Son exactamente los mismos estados los que más han crecido en los últimos 10 años. El orden cambia, pero la senda de crecimiento ahí está: Guanajuato (4.1% de crecimiento en promedio anual), Querétaro (4%), Aguascalientes (4%), Baja California Sur (3.7%) y Quintana Roo (3.6%).

El crecimiento económico de estos estados —y de otros que a pesar de no estar en los primeros lugares han tenido un desempeño económico satisfactorio— no ha sido resultado de la suerte. Ha sido consecuencia de decisiones correctas de política económica y planeación a largo plazo. La excepción quizás sea Quintana Roo que ha aprovechado sus recursos naturales para crecer. Sin embargo, hay que cuestionar la sustentabilidad de ese crecimiento debido a la sobreexplotación de las playas y manglares de la región (ver gráfica 2).

El crecimiento económico y la atracción de inversiones son motores de desarrollo. Sin éstos, los esfuerzos para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población tienen un impacto poco significativo. La continuidad en el crecimiento es fundamental para lograr sacar a la población de la pobreza y mantenerla fuera. Es la única forma de lograr cambios entre generaciones y de romper la espiral de pobreza y la prácticamente nula movilidad social.

En México tenemos muchas definiciones de pobreza —ninguna comparable a nivel internacional, cabe mencionar— pero bajo cualquiera los estados con menor porcentaje de su población en esta condición se encuentran en el norte o en el centro del país. Si hablamos de pobreza multidimensional —aquella en la que la población tiene un ingreso menor a la línea de bienestar determinada por el Coneval y tiene al menos una carencia social—² Nuevo León es donde el porcentaje es menor, 14% (a nivel nacional es 42%). A pesar de que Nuevo León no está en los cinco primeros estados con mayor crecimiento del país en los últimos cinco años ni 10, ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Le siguen Baja California Sur, Baja California, Coahuila y Ciudad de México.

En pobreza extrema³ repiten los mismos estados, sólo cambia ligeramente el orden. En Nuevo León 0.6% de la población se encuentra en esa situación, equivalente a 31 mil 491 personas. Le siguen Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Ciudad de México.

En el caso de la pobreza laboral —la que se refiere al porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria básica definida por el Coneval con el ingreso proveniente de su empleo— la situación es distinta, aunque de igual manera son estados ubicados en esta región del país los que tienen menor pobreza laboral: Baja California Sur, Sinaloa, Baja California, Jalisco y Nuevo León. Destaca el caso de Jalisco en donde se logró, en cinco años, bajar el porcentaje de personas en esta situación de 31.6% en 2012 a 23.7%. La pobreza laboral hace referencia al ingreso percibido por los hogares únicamente a partir de su trabajo. No incluye fuentes adicionales como transferencias o remesas, así que este dato captura mejor el impacto del crecimiento económico en la pobreza. Jalisco, para ilustrar el punto, creció 3.8% en promedio por año en el mismo periodo (ver gráfica 3).

La disparidad regional también es evidente en el mercado laboral. La informalidad en el país rebasa la mitad de la población ocupada. Se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que no se sabe por dónde empezar a resolver. Al igual que con la pobreza, hay muchas definiciones de informalidad. La que aquí utilizo se refiere a la población ocupada cuyo empleador no reconoce el vínculo laboral que tiene con el empleado a través del pago de las cuotas de seguridad social y demás aportaciones. Además, uso la cifra que excluye al sector agropecuario.⁴ Esta tasa de informalidad no sólo incluye a la actividad económica callejera —al puesto de comida, al tianguis, a los proveedores de servicios por su cuenta no registrados ante ninguna institución y que trabajan fundamentalmente en efectivo—; considera también a algunos trabajadores por honorarios que expiden recibos o facturas, pero que no están inscritos a los esquemas de seguridad social. No es que no paguen impuestos.

Los estados con menos informalidad se encuentran en el norte o en el Bajío: Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Baja California y Baja California Sur. No es casualidad. Es en esta región del país donde se encuentran concentradas las industrias vinculadas con las cadenas productivas de Estados Unidos y Canadá a través de las condiciones establecidas en el TLCAN. Las empresas que ahí se establecen están sujetas a mejor regulación —no necesariamente mayor— que simplemente les impide contratar trabajadores “por fuera”. Tienen que cumplir la ley; es un asunto de Estado de derecho.

Con la excepción de Quintana Roo, es también en esta región del país donde se crean más empleos formales. En los últimos siete años, entre 2011 y 2017, Querétaro, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, la Ciudad de México y Nuevo León son los que han creado continuamente empleo formal rebasando incluso el número de personas que se incorporan año con año a la población económicamente activa en cada entidad.

Pero quizás donde se encuentra la mayor diferencia entre el norte y el centro del país con el sur es en la productividad. Así lo señala el McKinsey Global Institute en el informe presentado en 2014, “A tale of two Mexicos: Growth and prosperity in a two-speed economy”.

La productividad es un bicho difícil de atrapar. La medición es compleja y en un momento en el que la automatización va abarcando los procesos productivos, podríamos esperar disminuciones en el ritmo de creación de empleos. McKinsey sugiere que la productividad en esta parte del territorio mexicano que denomina “moderna” es dinámica, consistente con estándares de países industrializados y significativamente mayor que la de la otra parte del territorio, la “tradicional”.

Una forma de medir la productividad, reconociendo que no es exacta pero que nos da una imagen de las diferencias, es dividir el producto interno bruto de cada estado entre las horas trabajadas. Al hacerlo así, el estado más productivo es Campeche, uno de los estados que más ha decrecido en los últimos años. La hora trabajada ahí tiene un valor de 686 pesos por hora, pero se debe al sesgo que le otorga la actividad petrolera. Le siguen la Ciudad de México con 356 pesos por hora, Tabasco —también debido al petróleo— 265, Nuevo León con 262 y Querétaro con 231 pesos por hora trabajada. El promedio nacional es 162 pesos. Sólo 13 estados están por arriba de la media y salvo por Campeche y Tabasco, son estados ubicados en el centro y norte del país. Jalisco vuelve a ser un ejemplo interesante. En cinco años aumentó su productividad de 157 pesos a 172. Son sólo 15 pesos, pero es significativamente más de lo que ha aumentado en el sur del país.

Pero no hay que confundir la productividad con los ingresos. Si bien suelen caminar en el mismo sentido, el mercado no opera en competencia perfecta. Las entidades donde los ingresos laborales⁵ son mayores son Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Baja California y Chihuahua. Los ingresos laborales de Chiapas caben 3.24 veces en los de Baja California Sur. La calidad de vida será distinta.

La diferencia en el capital humano es otro factor relevante cuando se habla de disparidad regional. Los niveles de educación, clave para emparejar el terreno de juego, son sustancialmente distintos.

La Ciudad de México, Nuevo León y Sonora son los tres estados donde se estudia más años, 11.1, 10.2, y 10 años, respectivamente. Asimismo, la Ciudad de México es la entidad con la mayor proporción de la población de 15 años y más que cuenta con al menos educación media superior, 58.8% de ella. Le siguen Baja California Sur (48.4%), Nuevo León (47%), Sinaloa (47%) y Sonora (46.7%).

Pero el acceso a la educación no es suficiente. La calidad es igual de importante. De acuerdo con los resultados de la prueba Planea de Educación Media Superior 2017, los mejores puntajes académicos están concentrados en los estados del norte y Bajío con algunas excepciones, como Quintana Roo. En la Ciudad de México 56% de los alumnos tuvieron un desempeño bueno o excelente en el área de lenguaje y comunicación. Este patrón se repitió en estados como Aguascalientes (48.6%), Jalisco (48.2%) y Nuevo León (43.2%).

En matemáticas, aunque el desempeño en general es mucho más pobre en todo el país, destacan relativamente Aguascalientes, con 16.3% de los alumnos con buenos o excelentes resultados, Jalisco con 16.2% y Nuevo León con 15.4%.

Dados estos indicadores de desempeño económico, concentración de inversiones, así como de capital físico y humano, no debe sorprender que también sea en esta zona del país donde se genere la innovación, lo cual marca una diferencia entre las economías desarrolladas y aquellas rezagadas. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 83% de las patentes registradas por México ante el Sistema Internacional de Patentes provinieron de estados localizados en el norte y centro del país. Destacan la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, con 23%, 14% y 9% de ellas (ver gráfica 4).

No sugiero que en el centro o en el norte del país todo sea miel sobre hojuelas, tampoco que hayan alcanzado un nivel de desarrollo equiparable a los de países industriales o con mayor calidad de vida. A muchos estados de esta región los invade la inseguridad, el crimen, el narcotráfico. Hoy se argumenta que los estados que están creciendo están atrayendo más crimen para aprovechar el flujo de la actividad económica. El robo de mercancías en las vías férreas en su camino a Estados Unidos o viceversa ha alcanzado niveles alarmantes. El robo de combustibles es un serio problema económico y social. Pemex estimaba el año pasado que el monto robado equivalía a dos mil 410 millones de pesos.

Pero la realidad económica del norte y centro del país es abismalmente distinta a la que se vive en el sur. Eso es desarrollar el mercado interno. El mercado interno no se desarrolla con un discurso, ni con subsidios, ni con transferencias. Se desarrolla con actividad económica —creciente y sostenida— que repercuta en mejoras salariales e incrementos en el poder adquisitivo.

El sur-sureste del país cuenta otra historia. En el sur se concentra la informalidad, la baja productividad y el estancamiento económico. También la pobreza.

Con información del Coneval, y de acuerdo a las definiciones ya señaladas, 53 millones 418 mil 151 personas se encuentran en pobreza multidimensional. (Una anotación: la pobreza, en cualquiera de sus mediciones, está sobreestimada. Hay un problema serio en la medición de los ingresos de la población. Se subreportan los ingresos quizás por miedo a perder programas de transferencias o a ser fiscalizados. O quizás la gente es proclive a mentir.) De ese total, casi 24 millones se encuentran concentrados en cinco estados: el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca. 45% de la pobreza multidimensional ahí concentrada.

La pobreza extrema cuenta una historia similar. Hay nueve millones 375 mil 581 personas en esta situación, de los cuales cinco millones 800 mil 462 están ubicados en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Guerrero, casi 62% de la pobreza extrema concentrada en esas entidades.

No será coincidencia que en estos estados el crecimiento económico haya sido prácticamente nulo. Campeche y Tabasco son los que más han decrecido por la actividad petrolera. Pero no se puede culpar al petróleo. Nosotros somos responsables de las ineficiencias generadas en este sector en los años del boom petrolero. En los últimos cinco años han decrecido 5% y 3.1%, respectivamente, en promedio anual.

Pero otros estados sin este sesgo petrolero se encuentran en situaciones igualmente precarias. En el mismo periodo, Chiapas decreció 0.3% y Veracruz y Oaxaca apenas crecieron 0.6% y 0.8%.

Los programas de transferencias claramente no son suficientes para combatir la pobreza. Son necesarios para paliarla y quizás hayan servido para sacar a algunas personas de la pobreza mediante el otorgamiento de mejores oportunidades de inicio. Las transferencias condicionadas que llevan aplicándose en el país por 20 años han servido para aumentar la atención médica y la escolaridad de los niños y jóvenes. Pero no han servido como estrategia para mejorar las condiciones laborales de la población y en consecuencia romper el círculo de pobreza entre generaciones. Quien nace pobre, se queda pobre.

Sería contraproducente que, en aras de defender estos programas, no se reconozca su carácter asistencialista y clientelar y no se acepte que la única forma eficaz para atender el tema es impulsar el crecimiento económico.

La falta de acceso a educación de calidad empeora la situación en el sur e impide la movilidad social. Los cinco estados con el menor número de años promedio de escolaridad están localizados en esta región. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la población tiene, en promedio, menos de ocho años de escolaridad. Además, en Oaxaca la proporción de la población de 15 años y más que cuenta con al menos educación media superior es apenas 27.7%. Le sigue Chiapas, con 28.1%. En cuanto a la calidad de la educación, únicamente 14.7% de los alumnos de educación media superior de Chiapas cumplen con resultados buenos o excelentes en lenguaje y comunicación. En matemáticas este porcentaje es de apenas 3.8% en Chiapas y 5.8% en Guerrero.

El sur está mal conectado con el mundo y con el resto del país. La infraestructura es poca y mala, lo que impide el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la integración a las cadenas de valor. Hay pocas rutas aéreas y el acceso a centros turísticos es complicado. Un ejemplo de la falta de infraestructura lo da Oaxaca donde únicamente 24% de los caminos están asfaltados. La falta de conectividad es un factor que explica el poco crecimiento del sur y la disparidad consecuente.

En su mayoría los trabajadores en el sur del país no tienen acceso a un sistema de seguridad social por su situación laboral. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas la informalidad rebasa 70% de la población ocupada. Al mismo tiempo, en Oaxaca y Guerrero es donde la tasa de desocupación es la menor del país, 1.2% y 1.3%, respectivamente. Esta tasa no habla de las condiciones del empleo, pero sí captura la flexibilidad del mercado laboral. La desocupación ahí es tan baja porque la gente se ocupa donde puede, como puede, por el pago que sea, sin contar con ninguna prestación. No pueden mantenerse desocupados, que implica una búsqueda activa de empleo. Tienen que emplearse para poder subsistir.

No sorprenderá tampoco que estos estados tengan la productividad más baja del país. Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero tienen productividad menor a 100 pesos por hora trabajada. En Chiapas sólo es 77 pesos y se ha mantenido estancada por lo menos durante los últimos seis años. Las actividades que ahí se realizan son de poco valor agregado, independientemente del tiempo de trabajo (ver gráfica 5).

Los ingresos laborales en Chiapas y en Oaxaca son también los más bajos de México. En Chiapas ronda los mil 220 pesos per cápita al mes y en Oaxaca mil 267. Pero la pobreza y los bajos ingresos son sólo una cara de la moneda del desarrollo —o la falta del mismo— en el sur. No sólo son los estados donde se concentra la pobreza, sino también donde se observa la mayor desigualdad en ingresos. Chiapas, Oaxaca y Campeche son las entidades con la mayor desigualdad de ingresos laborales.

En el sur están los energéticos, se produce el petróleo y hay enormes reservas de gas. Pero es en el sur donde menos acceso a éstos existe. Ninguna economía puede prosperar sin acceso a energéticos. El potencial de energías renovables, particularmente la eólica, es enorme en el sur, sobre todo en Oaxaca, pero la subutilización es la norma.

En esta región hay una enorme riqueza natural, un patrimonio histórico inigualable, cultura rica y diversa, pero el paso hacia una mejor calidad de vida aún no llega. Y de no hacerse algo, de no tomarse decisiones con carácter urgente, la disparidad no muestra ningún signo de revertirse. Vale la pena mencionar que no son estados que no reciban recursos de la federación, lo hacen. Únicamente durante 2017 Chiapas y Oaxaca recibieron casi 80 mil millones de pesos de la federación para ser destinados a proyectos de educación, salud e infraestructura básica. Para poner esta cifra en perspectiva, fue casi el doble del presupuesto ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social federal en el programa de transferencias condicionadas “Prospera”, 28 veces lo ejercido en el programa de “Comedores Comunitarios”, y casi el triple del gasto total ejercido por Conacyt durante el mismo año.

Pero el gasto de estos estados, incluso los fondos etiquetados para infraestructura que deberían ser considerados inversión, se va en cambios que no inciden en mayor actividad productiva. Se opta por mejorar la plaza del pueblo, en vez de construir mejores vías de acceso. Los habitantes prefieren pagar sumas importantes, miles de pesos en algunos casos, para ser los mayordomos del santo de la localidad, gastando enormes cantidades de dinero en la fiesta patronal.

El sur cada vez se hace más pequeño y las condiciones de vida de sus habitantes no cambian. Se ha subsidiado la pobreza a través de programas de transferencias que a pesar de sus buenas intenciones se han vuelto clientelares y mecanismos de extorsión. La única forma de que el sur cambie es que se incorpore al resto del país. Es en infraestructura, en tecnología, en acceso a energéticos y en mejorar el capital humano en donde se tienen que concentrar los recursos. La urgencia de la situación en el sur del país debería de rebasar los intereses partidistas. Se tendrá que terminar con el carácter rentista de estos estados si se quiere que crezcan.

Este México dispar ha existido por décadas. De seguir las cosas como están, la brecha seguirá ensanchándose, haciendo imposible cualquier posibilidad de convergencia en el futuro.

La fórmula está ahí. Hay que conectar el sur, invertir en infraestructura, darle acceso a tecnología y a energéticos, proveer financiamiento, tomarnos en serio el compromiso con la educación de calidad. Significaría un México con muchas más posibilidades de innovar, competir y generar riqueza para futuras generaciones.

Valeria Moy
Economista. Directora del observatorio económico México, ¿Cómo vamos?