El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 2017. En dicho Paquete Económico, se incluyen los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la Iniciativa de la Ley de Ingresos (ILIF). Cada documento tiene su función particular.
Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), se contabilizan los montos por transferencias que recibirán los estados y municipios a partir de los recursos de la federación. Dichas transferencias incluyen rubros como participaciones federales, aportaciones federales, protección social en salud, entre otros. Para el PPEF 2017, se estima un incremento real de 5.3% y 2.2% respectivamente en los recursos que recibirán por concepto de participaciones y aportaciones federales. No obstante este incremento, el resto de los rubros que se contabilizan en las transferencias totales entregadas a los estados y municipios disminuyen en términos reales, por lo que los recursos totales que éstos reciban en 2017 serán 3.1% menores a lo que recibieron en 2016.
Específicamente, las participaciones federales a entidades y municipios se refieren a los recursos federales otorgados como compensación a los estados por su aportación a la economía del país. Para definir los montos a ser repartidos por estado, se toman en cuenta distintas variables como crecimiento económico estatal, incrementos en recaudación de impuestos, el tamaño de la población, entre otras. Los recursos transferidos bajo este concepto son de libre disposición por los estados.
Por otro lado, las aportaciones federales para entidades federativas y municipios están clasificados en el Ramo 33 del PPEF y es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
