Publicado en Animal Político.
En medio de la crisis sanitaria que ha contagiado a la economía nacional, el INEGI nos sorprendió con la noticia de que la información económica que necesitamos para evaluar nuestro estado crítico será parcialmente suspendida y que tendremos que tener más cuidado al analizar los datos que sí permanecen, ya que serán menos confiables. En otras palabras, cuando necesitamos más y mejores indicadores económicos, estos serán menos y de menor calidad que antes.
En su Boletín de Prensa 142/20, emitido el 31 de marzo del presente, INEGI informó que “se postergan hasta nuevo aviso todas las encuestas que involucran la interacción a cara entre las personas”. Esto comprende todos los indicadores que provienen de encuestas a los hogares, siendo la más importante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ya que el empleo será seguramente el que más daño sufra en esta crisis. No obstante, también afectará a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), justo cuando el tema de seguridad ha sido uno de los más importantes en esta última década.
Esta crisis económica es una crisis de empleo. Pudiéramos estar hablando de millones de empleos perdidos y un daño irreversible a miles (o millones) de establecimientos, en especial los micros, pequeñas y medianas empresas. Justo cuando más necesitaremos información laboral nos quedaremos sin estadísticas vitales para medir el daño y fundamentar nuestras decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo alrededor de 10 millones de solicitudes iniciales para seguro de desempleo en un espacio de apenas dos semanas. El monto fue 10 veces más que el número más grande que se había solicitado antes, que fue en la recesión de 1982. La simple magnitud de este indicador nos adelanta una crisis laboral como jamás se haya visto antes.
El INEGI reconoce que se formará un hoyo negro, por lo que nos adelanta que “dada la importancia de que en la coyuntura actual nuestro país pueda contar con indicadores de ocupación y empleo, en la medida de lo posible, se buscará habilitar mecanismos para proveer a la ENOE con un medio de recolección por medios remotos, tanto por teléfono como por internet”. Sin embargo, es prácticamente un hecho de que habrá una pérdida significativa en la calidad de la información proporcionada.
En el boletín, INEGI advierte que “cabe destacar que la emergencia sanitaria actual en México, aunada a las medidas anteriores, impactarán en los resultados de la información estadística a difundir. En adición a la ausencia de información durante el período de postergación de las estadísticas señaladas, podrá presentarse una afectación como consecuencia de una mayor tasa de no respuesta, la alteración de la comparabilidad histórica, o la pérdida de cobertura y de precisión”. En otras palabras, aunque se hubiera mantenido el esfuerzo de levantar la encuesta como se venía haciendo mes con mes, los hogares no estarían tan dispuestos a abrir sus puertas.
Ante todo lo que esto implica, el INEGI no mencionó que la pandemia de COVID-19 es un fenómeno que está afectando a institutos de estadísticas en muchos otros países, por lo que la primera lectura de su boletín es que es un problema que solo afecta a México. Sin embargo, esta problemática no es solo del INEGI y de nuestra economía, ya que prácticamente todos los países enfrentan problemas similares. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un estudio que involucró a 120 países, en el cual encontró que 96 Oficinas de Estadísticas Internacionales (National Statistical Offices o NSO) han tomado decisiones similares o están a punto de hacerlo. De entrada, una revisión de las prácticas nacionales en 2018 reveló que aproximadamente 80 por ciento de los 120 países que participaron dijeron que prevalece el levantamiento de encuestas en los hogares en forma presencial, es decir, cara a cara. La OIT dice que el reto creado por COVID-19 a las NSOs no tiene precedente y que seguramente ocasionará diversos impactos negativos sobre la disponibilidad y calidad de las estadísticas laborales, los cuales no se pueden anticipar y solo se conocerán después de un largo periodo.
En su estudio, la OIT no solo abarca el daño sobre la recolección de información, sino también pone énfasis en varias dimensiones sobre cómo la COVID-19 puede dañar severamente a los mercados laborales. Entre estas afectaciones se encuentran: 1) ausencias temporales de empleo, con o sin pago; 2) cambios en horarios de trabajo, incluyendo menos horas laborales, horarios excesivos y trabajo en horas no típicas; 3) arreglos de trabajo distinto, como trabajo en casa o en otras localizaciones; grado de abandono del mercado laboral, como aquellos que ya no se identifican como empleados pero no buscan activamente una ocupación, o bien, que buscan pero que no están disponibles. En este caso se enfatiza el uso de la “fuerza de trabajo potencial”, tal como se aprobó en la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET), que da más importancia al análisis de la razón por la cual uno no participa en la fuerza de trabajo tradicional (en espera para reanudar trabajo anterior, desanimados, enfermos, mayores responsabilidades familiares, cierre forzado, etc.); 4) razones por la pérdida de trabajo y/o cambios en trabajo o tipo de ocupación; 5) informalidad, ya que sobresale que generalmente no tiene el beneficio de alguna protección social, y 6) cambios en los ingresos, como recorte salarial, trabajo propio, etc.
Al no contar con la calidad y cantidad de información laboral requerida de parte del INEGI, cobrará mayor importancia los registros administrativos del IMSS. Podremos utilizar estos datos como un buen indicador adelantado de las reacciones en el mercado laboral formal. Sin embargo, habrá que considerar posibles cambios en las políticas de la institución en cuanto a cómo atender el crecimiento en el desempleo, ya que en el pasado el gobierno ha extendido los beneficios del IMSS por un periodo extraordinario en tiempos de crisis. También habrá que estar atento a la posibilidad de que los empleados del IMSS que trabajan estos datos estén sujetos a las nuevas políticas de quedarse en casa, lo que implicaría retrasos en el procesamiento de la información.
La OIT advierte sobre la afectación de los Censos de Población que se estaban levantando en varios países. En el caso de México, no queda tan claro que tan completo terminó el Censo 2020 y se sabe que se canceló la fase de verificación. Este censo, levantado cada diez años, es vital como base para la elaboración de una gran cantidad de estadísticas e indicadores de toda índole.
El daño que sufrirán los indicadores económicos no se limitará a los laborales, aunque pudieran ser los más afectados. Debemos estar preparados para enfrentar pérdidas en la calidad de indicadores de las actividades económicas en general y en la medición de la inflación. La mayoría de los indicadores que seguirá proporcionando el INEGI y otras instituciones que son proveedores de información, tendrán mayor margen de error e incorporaran una importante dificultad analítica para su interpretación.