Cinco batallas y una guerra comercial

Valeria Mendiola y Valeria Moy

Lavadoras, paneles solares, acero, aluminio, motocicletas y miles de bienes se encuentran en medio de una disputa comercial iniciada por Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y que, de manera extraña, se siente víctima de abusos por parte de prácticamente todos los demás. El 28 de junio de 2016, el entonces precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en Pensilvania en el cual culpó al gobierno de William Clinton de haber firmado “el peor tratado comercial en la historia de Estados Unidos”, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). En su opinión, los países socios en el TLCAN - Canadá y México - habían abusado del trato comercial favorable que Estados Unidos les había concedido, y anunció que no permitiría que tal situación continuara. En esa misma tónica, se pronunció en contra de la participación de China en la Organización Mundial del Comercio.

Las declaraciones fueron el inicio de una campaña basada en el lema “Estados Unidos primero”, que fue recibida favorablemente por sus simpatizantes, sin darse cuenta del todo de las implicaciones que tendría para sus actividades económicas. Desde el punto de vista comercial, el hecho de que el valor de las importaciones de Estados Unidos fuera 700 000 millones de dólares mayor al de las exportaciones era preocupante y debía corregirse. Para el Presidente de Estados Unidos, tener un déficit comercial es síntoma de pérdidas; para Trump, importar más de lo que se exporta tiene una connotación negativa.
Los discursos de campaña, las interacciones en Twitter y las entrevistas fueron el preámbulo de las disputas comerciales que desató Estados Unidos. El país que desde sus orígenes había entendido la importancia del comercio para el desarrollo; el país donde, gracias al comercio, el ingreso per cápita en las colonias durante el siglo xviii era al menos 50% superior al de Inglaterra; el país que había sido el principal promotor de la reducción de barreras comerciales años después, lanzó una iniciativa proteccionista con la que intentaría cambiar las reglas del juego.

En esta guerra comercial, que aún se vislumbraba lejana, todos los países serían tratados como adversarios. El nuevo gobierno estadounidense abriría muchos frentes de batalla con argumentos de seguridad nacional y de remediar abusos, aunque siempre con el objetivo de disminuir el déficit comercial.

Las lavadoras y los paneles solares fueron los protagonistas de la primera batalla. Estos dos sectores estadounidenses habían solicitado que se investigaran los efectos adversos que tenían las importaciones en la industria local. Estas investigaciones, consideradas en la sección 201 de la Ley de Comercio estadounidense, sirven de base para que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos le proponga al Presidente medidas específicas para contrarrestar daños a la economía, usualmente la imposición de aranceles o cuotas. Los gobiernos previos se habían negado a recurrir a la sección 201 por temor a que terminara afectando a los consumidores con alzas de precios o represalias de otros países; sin embargo, Trump rompió la tradición.

INICIA LA BATALLA
En enero de 2018, el gobierno de Trump impuso aranceles equivalentes a 8500 millones de dólares a los paneles solares y 1800 millones a las lavadoras (incluidas las procedentes de México). En 2016, Estados Unidos importó lavadoras por 270 millones de dólares y paneles solares por 1127 millones de dólares. Entre abril y junio de 2018, los precios que pagan los consumidores estadounidenses por las lavadoras se incrementaron 20%, el mayor aumento de los últimos 12 años.

La segunda batalla apeló a la seguridad nacional. Mediante la sección 232 de la Ley de Comercio, que permite investigar el impacto de ciertas importaciones en la seguridad nacional, en abril de 2017 se pidió que se examinaran dos industrias fundamentales, las del acero y del aluminio. En marzo de 2018, se anunciaron aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio a importaciones de alrededor de 48 000 millones de dólares. El argumento de la seguridad nacional se refiere a la necesidad de no depender
de adversarios internacionales en sectores que son cruciales para la defensa del país. Como la aplicación de los aranceles al acero y al aluminio afecta principalmente a economías aliadas, el argumento fue meramente un pretexto para proteger a esas industrias de la competencia internacional. Estados Unidos compró a Canadá, México y la Unión Europea casi la mitad de sus importaciones de acero y aluminio en 2017. Únicamente 6% de las importaciones afectadas por estos aranceles provienen de China.

El gobierno estadounidense otorgó exenciones temporales a Canadá, México y la Unión Europea como una concesión por tratarse de socios y para continuar las negociaciones de tratados comerciales. Otros países, como Corea del Sur, negociaron exenciones permanentes a cambio de la imposición de cuotas que fijaron un límite a los montos que Estados Unidos puede comprarles. La cuota aceptada por Corea del Sur redujo sus exportaciones de acero a Estados Unidos 21.2% respecto del volumen de 2017. Las exenciones temporales de Canadá, México y la Unión Europea vencieron en junio de 2018, lo que provocó la aplicación casi inmediata de represalias.

La Unión Europea publicó una lista de bienes estadounidenses con un valor de 3200 millones de dólares a los que impondría aranceles, como whisky, maíz, pantalones de mezclilla, motocicletas y mantequilla de cacahuate. Los aranceles impuestos por Canadá sumaron 12 800 millones de dólares, de los cuales 50% eran de acero y aluminio, 19% de bienes agrícolas y 24% de otros bienes de consumo. México, por su parte, anunció aranceles por casi 3000 millones de dólares en productos de acero, piernas de puerco, quesos y otros bienes agrícolas, como manzanas y arándanos. Estos bienes fueron seleccionados de manera estratégica para afectar a los estados con mayor peso político y, en teoría, con el menor impacto directo en los precios locales, pues había mercados alternativos para sustituir los bienes afectados. Wisconsin, por ejemplo, el estado de Paul Ryan, que es el líder de la Cámara de Representantes, produce casi una tercera parte de todo el queso estadounidense y México recibe alrededor del 25% de todas las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos. Además, es uno de los cuatro estados en donde se fabrican las Harley-Davidson, motocicletas típicamente estadounidenses.

LA BATALLA CONTRA CHINA
La tercera batalla que emprendió el gobierno estadounidense fue contra China. En agosto de 2017, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos comenzó una investigación por los perjuicios que las políticas del gobierno chino pudieran causar sobre los derechos de propiedad estadounidense, la innovación y el desarrollo tecnológicos. El mayor déficit comercial de Estados Unidos es con China, así que, de acuerdo con Trump, esta será la madre de todas las batallas, aunque quizá ha empezado con acometidas más pequeñas para poder enfocar sus esfuerzos en esta al concluir las otras.

En junio de 2018, el gobierno estadounidense publicó una lista con los aranceles que se aplicarían a importaciones por 50 000 millones de dólares provenientes de China. La medida se pondría en marcha en dos fases y se enfocaría en bienes intermedios cuyo daño directo no recaería en los consumidores. China, por su parte, anunció medidas de represalia por el mismo monto, principalmente sobre productos agrícolas, como granos de soya. En julio de 2018, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó una lista adicional de aranceles por un valor de 200 000 millones de dólares, que entrarían en vigor después de agosto de 2018. La nueva lista incluye más bienes de consumo, como teléfonos, computadoras y muebles. Con estas acciones, los aranceles impuestos a China cubren casi la mitad del valor de las importaciones totales. China, a su vez, ha respondido no solo con aranceles, sino también con restricciones de acceso al mercado, ya sea de consumo o inversión, para Estados Unidos.

La cuarta batalla parte de la promesa de campaña de Trump de reactivar la industria automotriz. En mayo de 2018, se anunció que comenzarían a investigarse las importaciones de autos y autopartes por amenazar la seguridad nacional. Si el gobierno impusiera aranceles del 25%, la producción de este sector en Estados Unidos podría caer 1.5% y causar la pérdida de 195 000 plazas laborales en el país, de acuerdo con un análisis realizado por el Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Únicamente en estos rubros, el número de bienes sujetos a aranceles pasó de 18 a 10 000 en menos de un año. La repercusión en los precios ya comienza a observarse, pero todavía no afecta notoriamente a los consumidores. Además, las medidas de represalia aplicadas por otros países han obligado al gobierno estadounidense a destinar recursos para apoyar las pérdidas del sector agrícola, como subsidios para el campo y compras gubernamentales de excedentes de producción.

EL TLCAN EN LA MIRA
Finalmente, la quinta batalla se libra por la negociación de acuerdos comerciales. En esta batalla entra la renegociación del tlcan, el tratado que entró en vigor en 1994 y que convirtió a Norteamérica en la región más competitiva del mundo. Para cumplir con las promesas de campaña de Trump, la renegociación del tlcan comenzó el 16 de agosto de 2017. Los líderes negociadores comenzaron a reunirse para modernizar el Tratado, aunque con distintos enfoques. Mientras que Canadá y México iniciaron las negociaciones subrayando los beneficios del libre comercio, la creación de cadenas de producción y la importancia de la certidumbre para las inversiones, Estados Unidos parecía tener un solo propósito: disminuir el déficit comercial.

Tras varias rondas de negociación trilateral y más de cinco semanas de pláticas bilaterales entre Estados Unidos y México, el 27 de agosto de 2018 estos dos países lograron un entendimiento, en principio para modernizar el Tratado. Los términos de la renegociación no fueron los mejores. El gobierno estadounidense, enfocado en un solo objetivo y rígido en su posición negociadora, ignoró muchas otras cifras que reflejaban las medidas que podían incrementar la competitividad de la región, fomentar
la inversión y acelerar la creación de empleos.

El comercio libre de aranceles estimulado por el tlcan ha sido un factor fundamental para la integración de las cadenas de producción en Norteamérica. El hecho de poder producir bienes en los tres países reduce los costos de las empresas, que pueden adquirir bienes intermedios baratos. Por ejemplo, el 40% de los bienes importados de México por Estados Unidos son bienes intermedios. De acuerdo con el piie, 10 de 205 industrias estadounidenses compran a México más del 10% de sus bienes intermedios, y estas mismas 10 industrias representan el 10% de las exportaciones totales estadounidenses.

Por otro lado, aunque usualmente se piensa en las cadenas de producción como una ventaja exclusiva del sector manufacturero, también representan un activo para los mercados agropecuarios. En 2014, casi el 80% de los cerdos importados de Canadá por Estados Unidos tenían entre 8 y 12 semanas y eran criados con el maíz estadounidense barato. Luego, se vendían en Estados Unidos y en el exterior. Además de la reducción de las barreras arancelarias, otro tema relevante cuando se habla de tratados comerciales es la inversión. Cuando se anunció que el gobierno estadounidense planeaba incorporar a la nueva versión del tlcan una cláusula de extinción por la que se terminaría el tratado cada 5 años a menos que las tres partes quisieran continuarlo, la principal crítica fue la incertidumbre que produciría, pero justamente ese era el objetivo: generar incertidumbre para frenar el flujo de recursos hacia los países socios, sobre todo México.

Cuando las empresas deciden invertir en otros países, hacen grandes transferencias de recursos para la construcción de plantas, contratación de trabajadores y otras decisiones cuyos resultados y beneficios no se observan en el corto plazo. Por eso es fundamental tener un tratado que garantice que se protegerán las inversiones.

México en particular se ha visto beneficiado por las inversiones extranjeras. El tlcan original fue un primer paso para abrir las puertas a la inversión extranjera. La inversión extranjera directa, que en 1993 representaba apenas el 7% del pib, llegó al 27% del pib en menos de 20 años.

En este momento no está listo aún el texto final con los detalles de la nueva versión del tlcan, si llega a existir como tal; sin embargo, es posible analizar algunos puntos generales. Uno de los rubros más debatidos en las negociaciones fue el sector automotor. Mientras que en el tlcan actual el 62.5% de cada vehículo ligero debía haberse producido en Norteamérica, con las nuevas reglas esta proporción aumentó al 75%. Además, entre el 40% y el 45% del contenido de un automóvil debe ser producido por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora; este punto afectará directamente a México.

Ganar 16 dólares por hora, trabajando 8 horas diarias durante 20 días hábiles al mes, significaría ganar 2560 dólares mensuales, equivalentes a unos 47360 pesos. Por comparación, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, un trabajador promedio de las industrias manufactureras en México gana 350.90 pesos diarios, equivalentes a poco más de 7000 pesos al mes, apenas el 15% el salario mínimo de la industria automotriz que se indica en las nuevas reglas del Tratado.

Aunque se contempla que haya un periodo de adaptación para las empresas, estas nuevas reglas representan una amenaza para el sector automotor de México. Los estados que han sido beneficiados por la creciente producción en este sector, particularmente los localizados en el Bajío, lentificarán sus actividades en los próximos años. Por ejemplo, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro crecieron en gran parte por el dinamismo del sector manufacturero, que tuvo una expansión del 9.1%, 7.7% y 7.5% promedio anual en los últimos 5 años.

También deben reconocerse avances en algunas materias. Hace 25 años, cuando el tlcan entró en vigor, prácticamente no había comercio digital. Hoy, con las nuevas reglas propuestas, se suprimirán los aranceles para cualquier compra en línea de bienes digitales, desde software hasta videos y libros electrónicos.

Asimismo, la cláusula de terminación en la que insistía Estados Unidos, se convirtió una cláusula de revisión. Dentro de 6 años, los países miembros decidirán si debe revisarse el Tratado, y luego se extenderá a otros 16 años.

Una de las mayores sorpresas de las guerras comerciales de Trump es que haya incluido a Canadá y a México, aliados y vecinos, con los que celebra una cumbre anual trilateral llamada “tres amigos”. El hecho de que el comercio entre los tres países se cuadruplicara desde la entrada en vigor del tlcan y, en el caso particular de Estados Unidos y México, de que las exportaciones estadounidenses crecieran más de 200%
en términos reales, indicaban que el libre comercio funcionaba. El tlcan original eramejorable, pero la forma de hacerlo consistía en disminuir las barreras, no en aumentar las restricciones.

En el libre comercio unos sacarán mayor provecho que otros, pero los beneficios son mayores que los costos. Esa fue probablemente una de las premisas que el gobierno estadounidense decidió no aceptar. Pasarán años para que puedan analizarse los efectos sobre la economía de Norteamérica del nuevo Tratado, si es que se concreta, y de los aranceles impuestos en la guerra comercial. Unas empresas se ajustarán, mientras que otras decidirán que las nuevas restricciones son más que los beneficios
y optarán por mudarse a otro lado.

Cualquiera que sea el desenlace, la política de desarrollo local deberá aprovechar los frutos de tener un acuerdo con dos de las economías más grandes del mundo. El próximo gobierno de México tendrá que empezar a aplicar las nuevas reglas del Tratado, y también deberá fomentar la inversión y procurar que las ventajas del comercio se hagan extensivas a otros sectores y otras regiones del país. En el diseño local de la política económica deberá recordarse que el tlcan no es una panacea y que México no logrará aprovechar sus beneficios si no hay cambios radicales en la regulación que favorezcan las inversiones y el crecimiento de empresas productivas, si no se respeta el Estado de derecho y si no se invierte en capital físico y humano.