Publicado en Animal Político.

Se cumplió ya el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como es natural, el aniversario generó una conversación sobre el balance de resultados a un año de la toma de posesión. Tanto en campaña como en su discurso del 1º de diciembre de 2018, y en varias ocasiones posteriores, el presidente López Obrador hizo promesas de entregar resultados en diversos temas; en materia económica se comprometió, entre otras cosas, a elevar el crecimiento económico del país a una tasa promedio anual de 4% en su administración. Al inicio de la actual administración, el humor de gran parte del país era uno de optimismo y confianza: el ahora presidente ganó las elecciones con más de la mitad del voto, y en febrero de 2019 el indicador de confianza del consumidor alcanzó su máximo histórico.

No es nada nuevo que presidentes y políticos hagan promesas al inicio de sus periodos de gobierno, con ánimos elevados y una perspectiva de cambio; otra cosa es que estas promesas se cumplan. En México, ¿cómo vamos? nos dimos a la tarea de hacer una evaluación de los resultados económicos observados en los primeros 12 meses de la administración, teniendo en cuenta que este es un balance preliminar y que faltan aún 5 años del gobierno actual.

Empezamos con el que posiblemente es el dato más conocido y comentado: el de crecimiento económico. El dato publicado hace poco más de una semana, sobre el PIB al 3º trimestre de 2019, mostró resultados poco favorables. En el periodo, la economía mexicana se contrajo 0.2% respecto al tercer trimestre del año anterior, y se mantuvo estancada respecto al trimestre inmediato anterior, con una tasa de 0.0%. Al evaluar el crecimiento del PIB en los primeros 9 meses de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, el crecimiento también es nulo. Además los datos mostraron que, entre el 4º trimestre de 2018 y el 2º trimestre de 2019, la economía mexicana creció a tasas trimestrales de -0.1%.

La información disponible muestra una economía estancada, y los pronósticos no prevén una mejora para el cierre de año: en su más reciente encuesta a especialistas en economía, Banxico reportó una estimación de crecimiento de 0.04% en 2019, y en su último reporte trimestral, la estimación presentada para el crecimiento en el año fue de entre -0.2% y 0.2%. Estas cifras pintan un panorama difícil para el cumplimiento de la promesa de crecer 4% anual durante el sexenio.

La situación económica se refleja también en indicadores como la generación de empleo formal. En los primeros 10 meses del año, se han agregado 648 mil 59 plazas formales al registro oficial del IMSS. Esta generación acumulada es la más baja para los primeros 10 meses de un año desde el 2013, cuando se agregaron sólo 590 mil 393 empleos formales al a economía. Además, la tasa de crecimiento de los empleos registrados ante el IMSS se encuentra en sus niveles más bajos desde 2010.

De modo similar, la formación bruta de capital fijo, o inversión, se encuentra en niveles bajos; la inversión en el 2º trimestre del año fue equivalente a 20.5% del PIB, la proporción más baja desde el 2º trimestre de 2014, cuando representó 20.4% del mismo. A la espera del dato de inversión en el 3º trimestre del año, se observa ya el efecto que algunas políticas del nuevo gobierno han tenido sobre la confianza empresarial y la certidumbre otorgada a los inversionistas en el país.

Por otro lado, a octubre 2019 el saldo de la deuda del sector público muestra que entre octubre 2018 y octubre 2019, ha habido un incremento real de sólo 0.1%, lo cual va de acuerdo con las promesas del presidente López Obrador de no incrementar la deuda. Sin embargo, queda por verse si esta situación es sostenible. Con la información a octubre se observa que, aunque los gastos del sector público han disminuido, siguiendo la política de austeridad del nuevo gobierno, los ingresos también han disminuido respecto al año pasado, y además han sido menores a los que se tenían contemplados originalmente. En particular, la desaceleración económica se ha traducido en una disminución de la recaudación por IVA e ISR.

Un resultado positivo se observa en la proporción de la población que vive en situación de pobreza laboral, es decir, que no puede adquirir el valor de la canasta básica con los ingresos laborales del hogar. En el 3º trimestre de 2018, 39.3% de la población se encontraba en pobreza laboral; al 3º trimestre de 2019, este porcentaje es de 38.5%. Además, la cantidad de personas en esta situación disminuyó en 474 mil 466 individuos.

A un año del inicio de la administración, el panorama económico del país es complicado. Es evidente que algunas decisiones de la administración en materia de política económica han llevado a un debilitamiento de la economía, la cual además se ha visto afectada por el entorno de desaceleración global. Es fundamental que haya un cambio en la estrategia económica nacional, de manera que se impulse el crecimiento económico del país, y que destellos positivos como el incremento de la Inversión Extranjera Directa sean aprovechados adecuadamente. Ante el entorno económico global de tensiones comerciales e incertidumbre, México enfrenta ciertas oportunidades que, si son aprovechadas, podrían reforzar a la economía y protegerla hasta cierto punto contra choques externos; el gobierno debe hacer lo posible para tomar ventaja de ellas.

Recientemente, el gobierno federal anunció un Plan Nacional de Infraestructura de la mano de miembros del sector privado del país. Por supuesto que es importante que haya inversión en obras de infraestructura que aumenten la conectividad y mejoren las condiciones de negocios en el país; sin embargo, los proyectos deben ser evaluados de manera correcta y se debe garantizar que se traduzcan en beneficios reales para la sociedad. En un sentido similar, los programas sociales implementados por el gobierno deben tener reglas claras de operación y deben ir acompañados de estudios que garanticen que funcionan y aumentan el nivel de vida de los beneficiados. Como con cualquier otra administración, el público en general y las organizaciones de sociedad civil deberán seguir atentos al desempeño económico del país y las decisiones de política pública que le afectan. Se terminó el primer año. Quedan cinco.