Por: Félix Vélez (@felixvelez)
Publicado en Animal Político.
La economía política de un país como México, heterogéneo y con instituciones frágiles, es siempre complicada. En países desiguales los conflictos redistributivos se exacerban, porque individuos y grupos tienen incentivos a buscar beneficios particulares en detrimento de los demás. Sus comportamientos estratégicos y oportunistas son creíbles, al invocar como justificación la riqueza (y alto ingreso) de los pocos que están muy arriba. Por supuesto que olvidan mencionar a los que se encuentran bastante más abajo (que suelen ser muchos). En otras palabras, los que están adecuadamente posicionados en el proceso político usan exitosamente a los pobres para “sacar raja” pese a que estos últimos normalmente se quedan al margen de los beneficios derivados de las prebendas exigidas y obtenidas.
Es complicada, también por la geopolítica que poco contribuye a disciplinar grupos de interés que obstaculizan el alcance de metas de desarrollo. Al respecto, no es creíble que llame el presidente a fortalecer a la nación para poder rechazar un ataque de Belice o, alternativamente, para recuperar California. En los países de Asia del Este (e incluso de América del Sur), en que los diferenciales son bastante menores, los llamados al patriotismo tienen más sentido.
No obstante, un elemento de economía política ha cambiado, se trata de la disipación de la renta de las materias primas. Por primera vez en cuatro décadas no se cuenta con excedentes petroleros. El Secretario de Hacienda mencionó recientemente que en materia de recaudación la proporción de los ingresos petroleros en el PIB se redujo de 39 a 17 por ciento a lo largo del gobierno de Peña Nieto.[I] Su participación relativa cayó en aproximadamente tres quintos en seis años, lo que no es menor.
Despetrolizar ingresos públicos fue también resultado de una reforma fiscal adoptada en octubre de 2013,[II] sin duda impopular y no necesariamente eficiente en términos microeconómicos, pero que permitió mitiga sustancialmente la caída en la recaudación petrolera. Dicha reforma, difícilmente habría tenido prioridad si la producción y precio internacional de los hidrocarburos no se hubieran reducido. En todo caso, la reforma aprobada por el Congreso era la políticamente viable. No haberla realizado hubiera implicado un crecimiento del déficit público todavía mayor, exacerbando el endeudamiento externo y presionando a los mercados financieros, con su secuela adversa sobre el sector real.
La inexistencia de rentas sustanciales (provenientes de las materias primas o del proteccionismo) ha sido rara en la historia de México. Casi siempre han existido: 1) plata en la época de la Colonia, buena parte del Siglo XIX, y el Porfiriato; 2) henequén, de 1860 a 1920; 3) petróleo, de 1910 a 1929; 4) industria manufacturera (por la protección), de 1947 a 1987 y 5) nuevamente petróleo, de 1975 a 2015.[III]
En el nuevo status quo, el país se volvió más pobre, al no disponer de rentas. Para la estrategia de desarrollo, se presentan oportunidades y riesgos que incidirán sobre las decisiones que se adopten, mismas que incidirán en el ritmo de crecimiento económico a largo plazo.
Existe un debate en relación al momento oportuno (timing) para realizar reformas estructurales. Una posición es que son más factibles en tiempos de bonanza al disponer el Estado de recursos para compensar a las (y los) perdedoras. Pero también existe la contraria, de que en los tiempos de crisis se vuelven probables los “golpes de timón” al verse un gobierno obligado a realizar reformas. La evidencia de México, al menos de los ochenta para acá, sugiere que en medio de tempestades es cuando se toman decisiones pensando en el largo plazo, por los apremios fiscales que las caracterizan, y que minan la viabilidad del estado y la economía.
Bajo esta lógica, y ante la estrechez fiscal, uno esperaría que se profundice en las reformas en el próximo gobierno. Los estados tienen como función extraer recursos de la sociedad[IV] y ya no existe un excedente petrolero susceptible para repartirlo entre actores políticos y económicos posicionados. No obstante, hay dos opciones:
1) Que en Hacienda se busque optimizar recaudación a corto plazo: elevando la carga fiscal, con medidas confiscatorias y/o con impuesto inflacionario. Se supone que eso no ocurrirá por las promesas del presidente electo, desde la noche misma de su elección, cuando ofreció respetar la autonomía del Banco de México y de los derechos de propiedad;
2) Apostar a una mayor recaudación asociada a crecer más y con mayor eficiencia. Continuar con las reformas estructurales, y en todo caso corregir aquellas que son perfectibles. El presidente electo tiene todo el poder para encabezarlas, falta que quiera.[V]
* Félix Vélez ha sido secretario General del CONAPO y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos.
Referencias:
[I] Reforma fiscal y TLCAN, retos de México: Hacienda. (Julio 13, 2018) El Financiero.
[II] El Congreso mexicano aprueba la reforma fiscal de Peña Nieto. (octubre 30, 2013) El País.
[III] Las fechas son aproximadas, basadas en autores como Enrique Cárdenas y Stephen Haber.
[IV] North, Douglass. (1982) Structure and Change in Economic History.
[V] Palabras más, palabras menos, así lo planteó Rubio en Reforma:
Rubio, Luis. (agosto 26, 2018) Y la mata comienza a dar…, Reforma.