Publicado en Animal Político.

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunciaba en contra de incrementar la edad legal de jubilación, que en la actualidad se sitúa en los 65 años. Es normal que no quiera, ya que suele ser una política tremendamente impopular, como casi cualquier otra medida que sea percibida como un recorte a las prestaciones del sistema de protección social. En mi opinión, hay dos argumentos bastante razonables que pueden usarse: es una política potencialmente regresiva y reduce el tiempo de ocio de las personas durante su vida.

Incrementar la edad legal de jubilación puede ser regresivo porque las personas más educadas viven más, envejecen mejor, ganan más y cotizan más a la seguridad social. Es de esperar, por lo tanto, que una persona con la universidad completa disfrute de una pensión más alta durante una fracción más larga de su vida que una persona sin el título de secundaria. Según la OCDE, la desigualdad en la esperanza de vida por nivel educativo es enorme. Si tomamos el promedio de los países miembros, un hombre con estudios universitarios puede esperar vivir 8 años más que una persona sin estudios. La diferencia es de 5.2 años en el caso de México y de 4.6 años para las mujeres.

Esta desigualdad educativa en la duración de nuestra vida hace que un incremento en la edad de jubilación perjudique proporcionalmente más a las personas sin estudios, pero un aspecto que solemos ignorar es que este fenómeno dependerá de la filosofía del sistema de pensiones de cada país. Los países que cuentan con un sistema de pensiones de reparto, donde los trabajadores de “hoy” le pagan su pensión a los trabajadores de “ayer”, la desigualdad puede aumentar. Ante un incremento en la edad legal los trabajadores sin estudios reciben una pensión más baja y por un número menor de años que una persona con estudios universitarios y eso es naturalmente percibido como injusto y de ahí la enorme oposición que generan estas políticas.

En países con sistemas de capitalización como México, en donde cada trabajador tiene una cuenta de ahorro que es invertida en los mercados de capital, un incremento en la edad de jubilación legal no incrementará la desigualdad en la vejez como lo haría el sistema de reparto. La razón es que un año de ahorro forzoso extra se traduce en un aumento del saldo de la cuenta de ahorro individual, con independencia del grado educativo, siempre que hayan cotizado el numero de años suficientes en el sector formal. En este caso, es menos probable que incrementos en la edad legal de retiro tenga un impacto sobre la desigualdad de los adultos mayores.

Otra preocupación que pudiera tener el gobierno es que aumentar la edad de jubilación legal pudiera forzar a los trabajadores a permanecer empleados durante más años y disfrutar de menos ocio. Los datos de la OCDE indican que no debería preocuparnos tanto, ya que la edad legal de jubilación no parece estar relacionada con la edad efectiva de jubilación. En 11 de los 25 países, sobre los que la OCDE recopila estadísticas de seguridad social y salud, los trabajadores se retiran antes que la edad legal. En algunos países, como Italia, la edad efectiva se sitúa 4 años por debajo de la edad legal.

En México ocurre lo contrario. El trabajador promedio se retira a los 72 años, por lo que me resulta difícil de creer que un aumento en la edad legal pueda privar a los mexicanos del poco ocio del que hoy en día disfrutan en la vejez. Quizás para los trabajadores formales con estudios que se estén retirando a los 65 años pudiera tener algún efecto, pero estos son una minoría de la población y no son los “pobres”.

Por eso me sorprende la tajante oposición del gobierno. Mi sorpresa aumenta cuando además sabemos que aumentar la edad de jubilación es necesario desde el punto de vista demográfico y beneficioso desde el punto de vista fiscal. Los mexicanos cada vez vamos a vivir más y los años que cotizamos no van a ser suficientes para cubrir nuestras necesidades financieras en la vejez. Por otro lado, aumentar la edad legal de jubilación reduce el gasto del gobierno, que se encarga de garantizar una pensión mínima y tendría que hacerlo por un menor número de años.

De entre los cambios que necesita el sistema de pensiones mexicano este debería ser evidente, pero hay otros cambios que el sistema necesita si queremos que efectivamente garantice una pensión digna para todos los mexicanos. En este breve espacio se me ocurre mencionar dos. El primero es aumentar la rentabilidad de las AFORES y reducir sus comisiones, por lo que urge un cambio en la regulación que aumente la rentabilidad real neta del ahorro de los derechohabientes y sólo lograr esto sería un hito en el gobierno de AMLO.

El segundo cambio necesario es aumentar la baja generosidad del sistema de pensiones ya que, en la actualidad, un derechohabiente puede esperar obtener un 26.4% de lo que obtenía en un año de su vida laboral, una de las cifras más bajas de la OCDE. El gobierno debe aumentar el complemento a la pensión de cada trabajador que decida jubilarse y aumentar las pensiones no contributivas. Desafortunadamente será necesario aumentar los impuestos para conseguirlo, otro anatema del actual gobierno.