Publicado en Animal Político.

Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició sus operaciones en 1943, no había pensionados. En enero de 1997, había 527,883 pensionados y 19.2 trabajadores cotizando por cada uno de ellos. Para julio de 2018, había 2,169,529 pensionados, pero solo 9.2 trabajadores cotizando por cada uno (ver gráfica 1). ¿Debe importarnos esta disminución que, debido a los cambios demográficos, continuará por varias décadas más? Esta pregunta es relevante a la luz de los beneficios que tienen los trabajadores afiliados al IMSS, en particular el acceso a los servicios de salud.

Respecto a las pensiones de vejez, la disminución en el número de trabajadores asegurados por pensionado no tiene implicaciones porque las cotizaciones pensionarias de los trabajadores no se usan para financiar las pensiones en curso. Las cotizaciones pensionarias de cada trabajador llegan a una cuenta individual y los recursos de esta cuenta pueden tanto financiar una pensión como ser devueltos al trabajador en una sola exhibición (si el trabajador no cumple con los requisitos para recibir una pensión). Las cotizaciones pensionarias de un trabajador nunca se usan para financiar prestaciones de los pensionados actuales o de otros trabajadores.

Ahora bien, es importante mencionar que los pensionados actuales reciben pensiones superiores a lo que sus cotizaciones podrían haber financiado. Por ello, el financiamiento de las pensiones en curso tiene costos fiscales importantes. Estos costos se financian con impuestos generales (de todos los mexicanos), en vez de que se solventen con las cuotas obrero-patronales que solo pagan los trabajadores asalariados formales. Esto es importante porque, si los costos se financiaran con cuotas obrero-patronales de los trabajadores, habría un desincentivo al empleo formal.

En contraste, en relación con los servicios de salud del IMSS, la disminución del número de asegurados sí es relevante. El financiamiento de la atención médica del IMSS es distinto al de las pensiones, está completamente atado a las cotizaciones tripartitas (obreras, patronales, y del gobierno) asociadas a los trabajadores asegurados ante el IMSS. En particular, el artículo 105 de la Ley del Seguro Social dice:

“Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado” (subrayado agregado).

Los artículos siguientes de la Ley hablan de las cuotas tripartitas, todas las cuales dependen del número de trabajadores asegurados y del salario asociado a cada uno de ellos. Es decir, todo el financiamiento de la atención médica del IMSS, incluyendo la parte que proviene del gobierno mismo, es una función del número de trabajadores asegurados y de sus salarios asociados. Este modelo de financiamiento tiene un problema estructural: además de los trabajadores asegurados, los pensionados también son beneficiarios de la atención médica del IMSS, quienes ya no están cotizando para cubrir los costos de los servicios de salud. De hecho, los pensionados son beneficiarios de los servicios médicos mucho más intensivos y costosos que los trabajadores activos, sobre todo que los trabajadores jóvenes. La implicación es que, de manera creciente, las cotizaciones de salud de los trabajadores activos se usan para financiar la atención médica de los pensionados.

En estas condiciones, los retos para el IMSS de mantener la calidad de la atención médica van en aumento, pues hay cada vez menos recursos por usuario. Esto podría explicar el hecho de que haya menos camas, médicos, enfermeros, y consultas por usuario ahora que en el 2012. El resultado es que haya cada vez menos beneficios de cotizar al IMSS para los trabajadores. Mientras que sus cotizaciones se utilizan en proporciones crecientes para la atención médica de los pensionados, sus posibilidades de acceder a servicios médicos de calidad son cada vez menores. Esto constituye un incentivo para trabajar en la informalidad.

Es importante recalcar que este creciente incentivo a la informalidad tiene un impacto negativo en la productividad del país. Esta baja en la productividad ocurre porque, al desincentivar el empleo asalariado formal, aumentan los trabajadores y el capital en empresas sin trabajadores asalariados, como empresas familiares o trabajadores por cuenta propia, que en promedio son las menos productivas.

Hay cuatro aspectos adicionales que empeoran esta situación. Primero, las cotizaciones obrero-patronales como porcentaje del salario son mayores para los trabajadores de bajos salarios (ver gráfica 2). Segundo, la reforma del IMSS que entró en vigor en 1997 aumentó el requisito para jubilarse con atención médica para nuevos trabajadores de 500 a 750 semanas de cotizaciones, con lo que es probable que aumente el porcentaje de personas que ha aportado al IMSS sin acceso a atención médica en su vejez. Tercero, dado que los trabajadores con salarios bajos tienden a cotizar menos años, este grupo de trabajadores (que aporta más al sistema como porcentaje del salario) desproporcionadamente no tendrá acceso a atención médica durante la vejez a pesar de haber financiado la atención médica de otros jubilados. Con ello, el problema del modelo de financiamiento de los servicios médicos del IMSS no solo genera incentivos a la informalidad, sino que representa un problema de creciente inequidad. Cuarto, los trabajadores asalariados formales de bajos salarios pagan tasas efectivas de ISR que son cada vez mayores, y esta tendencia desfavorable para ellos continuará porque el subsidio para el empleo no se actualiza por la inflación.

En conclusión, el modelo de financiamiento de salud del IMSS genera crecientes incentivos a la informalidad. Adicionalmente, es un modelo regresivo en vista de que los trabajadores de bajos ingresos aportan porcentajes mayores de sus salarios para financiar la atención médica de jubilados, a pesar de que la mayoría de ellos no recibirá atención médica del IMSS cuando lleguen a la vejez. Por estas razones, debe ser prioritario transitar a un sistema de salud universal en el que ni el acceso ni la calidad ni el financiamiento dependan de la situación laboral del ciudadano.

*David S. Kaplan es Especialista Sénior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos.