Publicado en Animal Político.

El del federalismo, en México (y en el mundo), es un tema de debate permanente al no haber una fórmula exacta para determinar cuáles deben ser las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Los gobiernos nacionales tienen ventajas competitivas asociadas a la amplitud de su ámbito jurisdiccional, que brinda la posibilidad de diseñar políticas de alcance general y proveer bienes públicos indivisibles, como son defensa nacional, impartición de justicia y la emisión de moneda. Los órdenes locales poseen ventajas en la implementación de diversas políticas públicas, por su cercanía a la gente, al ser la primera ventanilla de servicios con la que se topa la ciudadanía.

No siempre fue fuerte el gobierno federal, la constitución de 1824 fue marcadamente federalista. A los estados se les llamó libres y soberanos, y se les brindó potestades tributarias exclusivas en el cobro de impuestos a la producción y a la propiedad, mientras que al gobierno federal se le reservó el de los impuestos indirectos (fundamentalmente aduaneros), los cuales a menudo no recibía, pues los gobiernos estatales imponían su voluntad por la fuerza (al respecto, se les permitió establecer sus propias milicias).

La debilidad del gobierno central, como bien apunta Enrique Cárdenasi, llevó a la desintegración fiscal y de ella se pasó a la desintegración política (para 1847 se había perdido alrededor del 55 por ciento del territorio nacional).

Ante la disfuncionalidad del pacto federal, en el último tercio del Siglo XIX ocurrieron 4 eventos que fortalecieron al gobierno nacional: 1) el fusilamiento del gobernador de Nuevo León y Coahuilaii por no brindar recursos fiscales y tropas a Juárez en su lucha contra el Segundo Imperio (1867), lo cual envió un mensaje político; 2) el control federal creciente de las aduanas al restablecerse la República (1867 en adelante); 3) la modificación de la Constitución de 1857, que otorgó al gobierno federal facultades en materia de comercio, minería y banca (1883) y 4) la eliminación de las alcabalas, un impuesto estatal al transporte de mercancías, que inhibía la integración nacional (1896).iii

En el Siglo XX sucede lo contrario; la constitución de 1917 otorgó facultades amplias al Ejecutivo Federal y, al paso del tiempo, fue adquiriendo poderes adicionales.iv Por ejemplo, el reparto de tierras era facultad de las entidades federativas, pero en los años treinta (en la presidencia de Lázaro Cárdenas) pasó a ser del gobierno federal.

Ante la existencia de una presidencia imperial,v el federalismo, de ser bandera de los liberales en el Siglo XIX, se convirtió en punto programático de un partido conservador (PAN). Con la anuencia de este último, en la última década del Siglo XX se descentralizan los servicios: de educación básica y normal, y de salud. No obstante, el proceso fue parcial, pues los recursos siguen proviniendo de la recaudación de impuestos federales.

Para Fox, el del federalismo fue una bandera política, que repercute en su quehacer como presidente, al transferir la operación de muchos programas a los gobiernos de los estados. Los gobernadores incluso intervenían en la designación de los delegados federales (representantes del gobierno nacional en los estados).

En el presente gobierno, el péndulo se mueve en dirección opuesta. Se busca concentrar responsabilidades en el ejecutivo federal, el cual ha adquirido un creciente protagonismo. En muchos casos sin hacer adecuaciones constitucionales, como en salud, con la creación del Instituto de Salud y Bienestar (INSABI). En la gran mayoría de los estados, el servicio ha vuelto a ser brindado por la Federación, vía la firma de un acuerdo en que los gobiernos estatales transfieren responsabilidades al federal.vi

Ante el nuevo centralismo, algunos gobernadores se quejan de falta de recursos y llaman a una revisión del Pacto Fiscal. Su querella es ruidosa por la disminución severa de la renta petrolera, ya que una parte se distribuía a las entidades federativas para un ejercicio de gasto adicional. Sin duda por la escasez se enconan los conflictos.

Transferir recursos a los estados no implica que se alcancen impactos significativos de política pública. A raíz de la revisión de la fórmula de coordinación fiscal (en el gobierno de Salinas de Gortari) se fortaleció el criterio redistributivo, por lo que estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas disponen de mayores recursos.vii No obstante, no se refleja en una mejora en bienestar. Siguen siendo los 3 estados con menor desarrollo humano.

Que el gobierno federal no participe sus ingresos a los estados incentiva a los gobiernos locales a recaudar más, al no disponer de recursos adicionales, pero también es cierto que el gobierno federal (por su lejanía) carece de un posicionamiento adecuado para ofrecer algunos servicios. Es claro que no es posible combatir el COVID – 19 sin la participación de estados y municipios, por poner un ejemplo.

Lo lógico sería buscar un esquema que permita la complementariedad interinstitucional en la prestación de algunos servicios, dividiendo tareas en términos de ventajas competitivas. En lo político implica cooptar a los ejecutivos estatales, como en la reunión reciente del gobernador de Jalisco con el presidente de la República. Para ello, las partes deben de estar dispuestas a compartir beneficios políticos.viii

Es deseable que los estados fortalezcan (y ejerzan) sus potestades tributarias y así contribuyan a la provisión de aquellos bienes públicos en lo que tienen ventajas: asumir los costos y beneficios políticos. Que los gobernadores no “saluden con sombrero ajeno (el del gobierno federal)”, pero al mismo tiempo evitar una centralización excesiva (como la que se impulsa en la 4T) que pueda inhibir la adopción e instrumentación de políticas públicas que beneficien a la sociedad.