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¿Politizar la salud? El caso de COFEPRIS

Por : Félix Vélez (@felixvelez)

 
06 de Octubre del 2020

Publicado en Animal Político.

El pasado 18 de agosto la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) subió a su plataforma el proyecto de Acuerdo secretarial en el que se plantea que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quede adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y ya no al titular de la dependencia.i

La decisión es cuestionable puesto que COFEPRIS debe tener margen de maniobra institucional para evitar conflicto de intereses. También es ilegal puesto que en el Artículo 17 Bis de la Ley General de Salud se establece la autonomía administrativa, operativa y técnica. ii

En dirección opuesta, la senadora panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez planteó dos iniciativas para transformar su naturaleza jurídica, al pasar de órgano desconcentrado a un órgano regulador autónomo, y convertir al actual Sistema Federal Sanitario en un Sistema Nacional Sanitario. Dichos cambios requieren modificar la ley mencionada, así como el Artículo 26 de la Constitución.iii

Parece remoto que estos últimos cambios prosperen, al tratarse de una propuesta de la oposición. Sin embargo, sin duda serían bienvenidos. A decir de la senadora, “la pandemia de COVID-19 hace evidente la necesidad de fortalecer las instituciones, así como la vigilancia enfocada a proteger a la población contra riesgos por el uso y consumo de bienes, servicios e insumos enfocados a la salud”.

Como bien señaló el exsecretario Salomón Chertorivski, no habría separación entre quien regula y compra las vacunas. Fue más lejos al afirmar que se corre el riesgo de que el gobierno de México pierda la certificación de la Organización Mundial de la Salud.iv

Se socava el devenir institucional, lo que afecta incentivos, pues se subordinan cuestiones relacionadas con la salud de la población a cálculos políticos de corto plazo. El sentido común sugiere que una vacuna jamás debe ser aprobada “al vapor”. Pero un alto funcionario público puede autorizarla para alcanzar metas políticas inmediatistas. Lo mismo se puede decir de prácticamente cualquier medicamento. Hay dos cuestiones que son fundamentales, de por medio en su autorización: 1) que sus efectos secundarios no sean significativos y 2) que funcione.

En la industria farmacéutica se presiona para que sus nuevas fórmulas sean aprobadas, si no “fast track”, al menos en un lapso reducido, lo que no sorprende en ningún lugar del mundo. Por los riesgos involucrados, una fortaleza de la COFEPRIS es su independencia técnica y operativa. A decir de Miguel Ángel Toscano, quien fuera su titular, la Comisión regula cerca del 14 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía. Afirmó que, a contrapelo de lo que pasa en el mundo, en México se pretende debilitar a las autoridades sanitarias.v

Cuando Toscano estuvo al mando, dirigió una campaña muy sólida en contra del tabaquismo, lo que le generó enemigos dentro y fuera del gobierno (ámbito empresarial). Si COFEPRIS hubiera gozado de autonomía constitucional, muy probablemente se hubieran mantenido medidas contundentes para desalentar la adicción a dicha sustancia. Toscano fue relevado antes de que concluyera el sexenio de Calderón y a su salida se redujo la intensidad de las acciones en la materia. El tema perdió pertinencia en la agenda pública nacional.

Son tiempos de centralización del poder; el presidente goza de la legitimidad que le brindó su amplio triunfo en las urnas y su persistente popularidad. Paradójicamente, en diversos ámbitos se percibe un relajamiento en los estándares de profesionalización. Han desaparecido subsecretarías tan importantes como la de Ingresos (Hacienda), Minería (Economía), Agricultura (SADER) y Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico (SCT). Al mismo tiempo, hay indicios de que organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ya no cumplen su función de garantizar la competencia en los mercados de energía. En otros casos, las instancias mueren de inanición, al limitarles severamente los recursos presupuestales.

En el caso de COFEPRIS, por tratarse de un desconcentrado, su debilitamiento es mucho más sencillo. Lamentablemente de por medio está, en buena medida, la salud y la vida de la población. El pasado 4 del presente mes, en Animal Político se informó que entre abril y agosto de este año se registró un exceso de mortandad de 173,578 personas. Sin duda la situación es crítica y sólo podemos esperar mayores males si se mina la institucionalidad que tanto costó establecer.vi

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