Publicado en Animal Político.
I.-
Adam Smith concebía a la economía política como una rama de la ciencia del legislador, ¡y tenía razón! Legislador que no sabe de economía, al hacer leyes injustas e ineficientes, se convierte en un enemigo público que atenta contra la libertad individual y la propiedad privada. En vez de mejorar las cosas las empeora.
Mientras los legisladores legislan nadie está a salvo, sobre todo cuando pretenden que el gobierno, además de ser gobierno, sea desde ángel de la guarda y nos preserve de todos los males, comenzando por los que podemos hacernos a nosotros mismos (comiendo alimentos chatarra), hasta hada madrina y nos conceda todos los bienes, incluidos los que debemos procurarnos a nosotros mismos (atención médica por habernos enfermado por haber comido alimentos chatarra). Los gobiernos ángel de la guarda y hada madrina se responsabilizan por lo que no deben. El resultado es una sociedad de irresponsables.
II.-
El gobierno ángel de la guarda atenta contra la libertad individual: prohíbe conductas que dañan a quien las realiza, pero que no violan derechos de terceros (comer alimentos chatarra). Las únicas conductas que el gobierno debe prohibir y castigar son las delictivas por su propia naturaleza, que violan derechos de terceros: matar viola el derecho a la vida, secuestrar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad, incumplir con la palabra dada viola derechos contractuales.
El gobierno hada madrina atenta contra la propiedad privada: para brindarle atención médica a Juan, quien se enfermó por haber comido irresponsablemente alimentos chatarra, debe quitarle -cobrándole impuestos- dinero a Pedro. Le quita a Pedro lo que -por ser producto de su trabajo- es de Pedro (parte de su ingreso), para darle a Juan lo que -por no ser producto de su trabajo- no es de Juan (parte del ingreso de otro). Obliga a Pedro a ayudarle a Juan. Responsabiliza a Pedro por la conducta irresponsable de Juan.
Además el gobierno hada madrina genera riesgos morales, que surgen cuando una persona no tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones (no tiene que pagar el tratamiento médico que requiere por haber comido irresponsablemente alimentos chatarra y haberse enfermado), incentivando comportamientos irresponsables.
III.-
Además de lo anterior hay que tomar en cuenta, sobre todo con relación al gobierno ángel de la guarda, que unas son las intenciones del legislador a la hora de hacer una ley (prohibir la venta y por lo tanto la compra de alimentos chatarra) y otras las consecuencias de esa ley una vez promulgada, que no tienen que coincidir con las intenciones del legislador. Ejemplos históricos sobran -desde la prohibición del alcohol hasta la prohibición de las drogas- y explicaciones teóricas del por qué hay varias, sobre todo en el campo del Análisis Económico del Derecho. Pero los legisladores insisten.
Cuando se trata del gobierno ángel de la guarda que prohíbe, por ejemplo, la venta y compra de alimentos chatarra, hay que preguntarse por la justicia y eficiencia de la prohibición. La prohibición gubernamental de hacernos daño a nosotros mismos, ¿es justa? Insisto: la única conducta que debe prohibirse, y castigarse, es la que viola derechos de terceros, lo que no sucede cuando alguien se daña a sí mismo. La prohibición gubernamental de hacernos daño a nosotros mismos, ¿es eficiente? Insisto: una es la intención del legislador al hacer una ley y otra puede ser su consecuencia una vez promulgada. (Si bastara la promulgación de una ley para que fuera eficiente, para que todos la obedecieran, los legisladores serían capaces de darle al mundo la forma que consideren correcta. El legislador sería titiritero y los ciudadanos títeres).
IV.-
Todo lo anterior viene a cuento por la promulgación de leyes que prohíben la venta de comida chatarra a menores de edad, menores de edad que, precisamente por serlo, y por no saber el daño que se hacen, no deben tener la libertad para comprarlos, lo cual no evitará que los consuman: i) habrá que ver si los comerciantes dejan de venderles comida chatarra, porque no basta que se les prohíba para que dejen de hacerlo; ii) desde los amigos y hermanos mayores de edad, hasta los mismos padres, pueden comprarles la comida chatarra; iii) podrían surgir mercados ilegales, manejados por comidachatarratraficantes, especializados en proveer a menores de edad, sobre todo a los menores de edad de mayor edad, de 13 a 17 años, que podrían incentivar un mayor consumo de la comida chatarra entre los mismos.
Si lo que se quiere evitar es que los menores de edad consuman comida chatarra lo que debe prohibirse es eso, su consumo, no su venta, lo cual supondría criminalizar cualquier conducta que hiciera posible ese consumo, comenzando por la de los padres. ¿Qué tan eficiente resultaría la prohibición del consumo de comida chatarra para menores de edad? Poco, por lo que, de insistirse en el tema, debería prohibirse su venta a cualquiera, menor de edad o no, por lo que debería prohibirse su producción y oferta, lo cual involucraría temas constitucionales.
En el Art. 5 constitucional se afirma que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, por lo que para prohibir la producción y oferta de comida chatarra deberían definirse como actividades ilícitas no permitidas legalmente, posibilidad que forma parte de la inseguridad jurídica que padecemos en el país. Lo que debe prohibirse es la realización de actividades injustas, que violan derechos, y que lo son por su propia naturaleza, no ilícitas, que lo son por definición arbitraria del legislador. Y la arbitrariedad del legislador genera inseguridad jurídica.
El Art. 5 debe estar redactado en estos términos: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo justos”, es decir, siempre y cuando no violen derechos de terceros. Y la producción, oferta y venta de comida chatarra, si los consumidores saben lo que están consumiendo, y saben cuáles pueden ser las consecuencias para su salud, no viola ningún derecho.
La reducción en el consumo de comida chatarra debe ser consecuencia de la educación, no de la prohibición.