Por: Alejandra Palacios Prieto (@JanaPalacios)

Imagina que buscas comprar un bien específico y en la tienda solo encuentras una marca o un número muy limitado de ellas. Imagina que la regulación para su producción concede a un pequeño grupo de empresarios la atribución de determinar, a través de su asociación, cuándo la oferta de dicho producto es “insuficiente” para que sólo entonces la autoridad pueda expedir nuevos permisos, y que además, este mismo pequeño grupo de empresarios participe en la determinación de los precios y las reglas de ubicación de las tiendas competidoras. Imagina que la misma regulación prohíbe o dificulta a otros productores venderte un bien muy similar a ese, incluso con la posibilidad de ser de mejor calidad y a un precio más bajo. Esto sucede todo el tiempo en México, en los tres órdenes de gobierno y para un gran número de actividades económicas: exclusividades en actividades fundamentales como el manejo de carga en los puertos, restricciones al establecimiento y ubicación de nuevas gasolineras, ingreso de productos agropecuarios como leche y carne de una entidad federativa a otra, acceso del transporte de carga de una localidad a otra, entre muchas otras.

Por décadas, la protección de privilegios para que solamente algunos puedan beneficiarse de participar de la actividad económica, a partir de regulaciones deficientes, incluso amañadas, ha distorsionado la actividad económica en varios sectores de la economía. Esto generó mercados altamente concentrados y, en casos extremos, ha dejado a los consumidores cautivos de empresas con poder de mercado, que no tienen los incentivos para ofrecer bienes o servicios de calidad a los mejores precios posibles.

Los costos de estas regulaciones son altos: a nivel macro, imponen serias restricciones al crecimiento nacional, la inversión y al desarrollo industrial, mientras en lo micro inhiben y hasta impiden el impulso emprendedor, limitan la diversidad en la oferta de bienes y servicios, así como lastiman la capacidad adquisitiva de todos los mexicanos, al obligar a un consumo de mayores costos. La riqueza y prosperidad económica de algunos, con la protección implícita de la autoridad, a costa del bolsillo de las mayorías.

En la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) hemos hecho un esfuerzo sostenido por identificar y promover la reforma de todo tipo de normativa que frena la competencia. Como parte de esta labor, convocamos a los ciudadanos al “Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdopara competir y emprender”.[1] Queríamos conocer, desde la perspectiva de quienes están en el mercado tratando de competir, aquellas regulaciones, en el orden nacional y local, que más les obstaculizan su impulso emprendedor. Más de 600 mexicanos de todo el país participaron en la convocatoria señalando las problemáticas cotidianas con las que se enfrentan para competir en los sectores de servicio, transporte, comercio, energía y manufacturas, entre otros.

Especial mención merece el registro ganador: la regulación en la asignación y operación de notarías en las 32 entidades federativas. Debido a las regulaciones imperantes en la mayoría de los estados, este mercado está caracterizado por la discrecionalidad y el potencial conflicto de interés, tanto en la designación de nuevos notarios como en la definición de los precios que se pueden cobrar por servicio. Regulación que nos lleva a trámites notariales costosos, escasez artificial de notarios (en México existen sólo 3.4 notarios por cada 100 mil habitantes; en contraste Alemania tiene 9.4 y Suiza 33.3 por la misma proporción; a menor oferta, más caro el cobro por los servicios que ofrecen) e incertidumbre jurídica de un importante número de mexicanos, si recordamos que de acuerdo con el INEGI, el 35.2 % de los hogares no cuentan con escrituras que les permita acreditar su propiedad. Asimismo, cuando las leyes estatales otorgan atribuciones a los gobernadores para definir quiénes serán los titulares de nuevas notarías sin criterios claros ni justificados, permiten la selección de agentes que no necesariamente cuentan con la capacidad suficiente para ofrecer servicios notariales con calidad.

Otros ejemplos de obstáculos regulatorios que quedaron entre los finalistas son el requisito de permisos temporales de tránsito que encarecen el transporte de carga en nueve municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, una de las regiones económicas más importantes del país, y el arancel de 15 % que pagan las importaciones de paneles solares que provienen de países con los que México no tiene un tratado comercial, realizadas bajo la fracción arancelaria 8501.31.01. Hace unos años, los paneles solares no pagaban arancel, y justo cuando el gobierno quiere promover las energías limpias, se contradice e impone un arancel para encarecer su importación.

Vale la pena mencionar la regulación que inhibe el desarrollo de servicios innovadores cuando sus actividades no encajan en el marco regulatorio vigente. La innovación va por delante de las actualizaciones normativas, por eso, cuando nace un nuevo servicio, en vez de prohibirlo por su falta de encaje legal, resulta necesario revisar las normas aplicables, cuidando que éstas no impliquen una sobrerregulación que de facto podría matar la innovación. Esto ocurre por ejemplo con los denominados foodtrucks. Mientras algunas autoridades locales han tratado de enmarcarlos en la regulación de fondas o cocinas económicas, exigiéndoles, entre otros, contar con un mínimo de dos baños; otras, simplemente no otorgan permisos para este tipo de negocios, impidiéndoles funcionar, o en su defecto, obligándolos a operar en la informalidad e incertidumbre.

Para modernizar nuestra economía se requiere un compromiso profundo de las autoridades ejecutivas y legislativas de los tres órdenes de gobierno, por derribar las regulaciones amañadas que limitan nuestro crecimiento. Un México mejor es competencia de todos.

* Alejandra Palacios es la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Vicepresidenta de la Red Internacional de Competencia y miembro del Buró del Comité de Competencia de la OCDE. Forma parte del panel de expertos de @MexicoComoVamos.

[1] El jurado del Premio estuvo conformado por COFECE, la Secretaría de Economía, la COFEMER, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Consejo Coordinador Empresarial y Fundación Idea.